(04/04/25 - Lesa humanidad)-.La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los auxiliares fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de la causa “Ligas Agrarias 2 - Sacerdotes”, en la que el exsuboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, está acusado por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974 en la Alcaidía de Sáenz Peña.
En la denominada causa “Ligas Agrarias 2 - Sacerdotes” está imputado el ex suboficial mayor de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, el único con vida de los acusados identificados por el secuestro y tormentos a los párrocos Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, ocurridos en la Alcaidía de Sáenz Peña.
El pedido de la fiscalía fue formulado ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, quien ya había procesado a Manader con prisión preventiva el 18 de septiembre pasado, decisión que hace dos semanas fue confirmada por la Cámara Federal de esa jurisdicción.
El caso
Según la investigación, en los inicios de la década del ‘70, Núñez y Testa pertenecieron al Movimiento Rural Católico y luego fueron parte de la creación del movimiento de las Ligas Agrarias, que agrupó a pequeños productores.
El requerimiento fiscal detalla que los sacerdotes de las Parroquias de Quitilipi y Machagai fueron detenidos el 14 de abril de 1974 por la Policía del Chaco y luego trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña. Una vez allí fueron torturados durante varios días por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, encabezada por el jefe Carlos Alcides Thomas y el subjefe Wenceslao Ceniquel, el suboficial Manader -el único con vida de este grupo- y el agente José María Cardozo.
La reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía, y que será parte del juicio oral, se asienta en los relatos de las víctimas, las declaraciones de otros detenidos, los testimonios de religiosas y laicas, además de actuaciones judiciales e informes médicos de la época.
Los párrocos Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, las víctimas por cuyas privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos está imputado el exsuboficial mayor de la Policía del Chaco Gabino Manader. Foto: Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia
Las víctimas
Núñez pertenecía a la Orden de los Franciscanos y estuvo cinco años privado de su libertad. Pasó por Alcaidía Policial de Resistencia y las cárceles federales de Resistencia, Rawson (Chubut) y Devoto (Capital Federal) y en un penal provincial de La Plata (Buenos Aires). En 1986 constituyó la parroquia de Caacupé en el barrio de Bella Vista, ubicado en la ciudad de Rosario, donde realizó trabajo social durante años. Falleció en agosto del año pasado en un hogar de la congregación de los Franciscanos.
Por su parte, Testa fue integrante de la Orden Los Misioneros de la Consolata, y estuvo detenido en la Alcaidía de Resistencia y en cárcel federal de Resistencia. Por su nacionalidad italiana fue expulsado del país en 1978. Luego ejerció el sacerdocio en Nicaragua y Colombia y actualmente reside en Italia.
El contexto del plan sistemático
En su presentación, la fiscalía contextualizó que los hechos delictivos atribuidos a Manader fueron realizados en el contexto de un “ataque generalizado y sistemático” iniciado a principios de los años ‘70 contra la población civil y que se agudizó a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los representantes del MPF describieron que en el Chaco se encuentra acreditado la existencia de un “plan sistemático y generalizado” de violación de los Derechos Humanos, en las distintas sentencias que se han dictado en los Juicios denominados Caballero I (2010), “Caballero II (2018) y Caballero III (2021), que reconstruyeron los hechos ocurridos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones y el grupo de tareas del que formaba parte Manader y el juicio “Ligas Agrarias” donde se juzgó crímenes cometidos en el interior del Chaco contra dirigentes y militantes del movimiento rural campesino.
“Las sentencias describen cada uno de los hechos con horrorosos detalles que forman parte de la historia negra de nuestra provincia, detalles de muerte, tortura, vejaciones, y todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido los detenidos por sus actividades sociales y políticas”, remarcaron en su presentación.
A su vez, los fiscales consideraron “revelador” que el aparato montado en los distintos centros clandestinos, en donde los grupos de tareas tendientes a enfrentar toda forma de oposición al proyecto político que pretendía imponerse, operaban de forma clandestina y sin registro alguno, llevando adelante detenciones ilegales y diversas sesiones de torturas que duraban varios días o semanas.
Fuente: Fiscales
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