Las sociedades vinculadas a Diago están ligadas a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. La vinculación la investigó y reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
En sí, la relación de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.
El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, entre ellos había formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago.
Se trataba de la firma Sunstar Point Ltd, finalmente adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 -cuando Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña representación del PRO- para conformar una estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas con el supuesto objetivo de “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000.
La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.
También Diago aparece como fiduciaria del Warwick Trust, fideicomiso creado para administrar los bienes en el extranjero.En 2018, cuando Ritondo ocupaba el cargo de ministro de Seguridad en Buenos Aires, la sociedad Sunstar Point actualizó su dirección a un condominio en Hallandale Beach, Florida, valuado en 498.900 dólares. Asimismo, la cuenta bancaria de la empresa se trasladó a una sucursal en Argentina, y Javier Petrera, empresario argentino, fue designado como nuevo director de la sociedad.
El entramado financiero también incluye a las empresas Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, ambas involucradas en la propiedad de inmuebles en Miami. En un documento público de 2021, Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Esta red empresarial tiene conexiones con agentes inmobiliarios como María José Pérez-Millan, quien representa a múltiples sociedades relacionadas.
Otra sociedad registrada en Florida, Goformore LLC, también está vinculada a Diago. Aunque dejó de figurar oficialmente como administradora en 2013, Goformore continúa siendo propietaria de tres departamentos en Miami, adquiridos entre 2013 y 2015, por un total superior a 1,5 millones de dólares.
La investigación destaca la dificultad para rastrear el verdadero alcance de estas estructuras financieras debido al uso de jurisdicciones opacas. Además, la legislación argentina permite la confidencialidad de los bienes de los cónyuges, lo que complica su inclusión en las declaraciones patrimoniales.
El equipo periodístico que realizó la investigación solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos.
Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.
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