En junio el Congreso sancionó la Ley Bases y entre los votos más cuestionados estuvo el del ex senador peronista, a quien acusaron de recibir coimas a cambio de darle su voto positivo al oficialismo. Ante esto, el FIT-Unidad presentó un proyecto propio el 12 de diciembre para buscar la nulidad. El kirchnerismo estaba preparando un proyecto similar con el argumento de la adulteración de la voluntad popular.
Este miércoles la izquierda se reunió con el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, y con Santiago Cafiero, autor de una iniciativa para crear una comisión investigadora sobre presuntas prebendas y coimas para la compra de votos. Por el FIT estuvieron los diputados Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi, Mónica Schlotthauer, y se sumó la excandidata presidencial Myriam Bregman.
"Estuvimos intercambiando un poco con los diputados Martínez y Cafiero. Para nosotros obviamente esta bandera de la nulidad de la ley tiene que plantearse con la lucha, con la movilización, con la organización", comentó Castillo a la agencia Noticias Argentinas.
Castillo recordó que desde el Frente de Izquierda presentaron hace unos días un proyecto de nulidad sobre la ley Bases "a partir de todos los hechos de corrupción que están asociados a esta ley, cuestión que se actualiza con el escándalo de Kueider, su detención en Paraguay, el intento de compra de departamentos poco después de la ley Bases, todos los viajes que hizo después de la ley Bases, y la presunción de la coima para haber cambiado su voto". Además, afirmó que el voto de Kueider fue decisivo porque permitió "primero el empate en 36 votos y luego el desempate de Villarruel".
Por su parte, Bregman lanzó un posteo en redes sociales donde manifestó: "Como muestra el caso Kueider, esa ley es producto de la corrupción, debe ser anulada y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esa norma que alimenta la entrega y el saqueo y ataca a trabajadores y sectores populares". En una entrevista radial, la exdiputada añadió que “las consecuencias de esa ley la paga el pueblo trabajador” y que “una ley que fue comprada, como la Banelco, como la del diputrucho de los 90, no puede seguir vigente”. “Nuestro rol no es horrorizarnos en Twitter, hay que juntarse y anularla”, insistió.
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