Según una investigación de La Nación, Vázquez compró a través de sociedades offshore radicadas en el exterior, tres inmuebles en los Estados Unidos por más de 2 millones de dólares, pero nunca los consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus respectivas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La paradoja radica en que se trata del funcionario a cargo de luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria. Actualmente, Vázquez administra dos propiedades, ya que la tercera fue vendida.
Cabe remarcar que la Ley de Ética Pública obliga a funcionarios del rango de Vázquez a presentar una declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
En efecto, debe detallar y actualizar cada año sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias.
El reporte es de acceso público y omitir información patrimonial puede derivar en el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, cuyas penas contemplan la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Publicar un comentario