El tribunal sostuvo que los hechos que afectaron a 23 víctimas ocurrieron en el contexto de un genocidio. Consideró a ambos ex funcionarios autores del delito de omisión de promover la persecución penal y partícipes secundarios de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público doblemente agravada. Duarte además fue condenado por prevaricato.
La jueza María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia consideraron que Duarte y Ortiz cometieron los delitos de omisión de promover la persecución penal –en 25 y 24 hechos, respectivamente- en calidad de autores, y de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima perseguido político, en calidad de partícipes secundarios, en 8 y 7 hechos. Duarte además fue encontrado responsable, en calidad de autor, del delito de prevaricato -fallar como juez en contra de lo que indica la ley- en 17 hechos.
El tribunal declaró que los hechos resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad, razón por la cual resultan imprescriptibles, y sostuvo por mayoría -con disidencia de Foglia- que fueron cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio.
En función de lo requerido en su alegato por el fiscal general Miguel Palazzani —quien actuó con la asistencia del auxiliar fiscal David Maestre y de los integrantes de la unidad fiscal Juan José Cendagorta y Gabriela Schumacher y — y también por las querellas, el tribunal decidió remitir copia del fallo a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y al juez previsional que corresponda. En efecto, al momento del petitorio el fiscal había solicitado que se comunicara la sentencia a los organismos competentes para que los exfuncionarios judiciales dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y se les adecúen los haberes previsionales.
Primer juicio a ex funcionarios en la región
Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.
El juicio, que comenzó en octubre del año pasado, es el primero que se realiza a ex funcionarios judiciales en la región. En el debate se juzgó su actuación en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero, el hijo de ambos, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan, víctimas del terrorismo de Estado.
Quince de aquellas personas se encuentran desaparecidas, entre ellas el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, nacido durante el cautiverio de su madre y de su padre -ambos también desaparecidos- en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca.
Publicar un comentario