La resolución, dictada por el juez federal Walter López Da Silva, amplió el procesamiento sin prisión preventiva de cuatro exoficiales que integraron el Comando del V Cuerpo del Ejército -el coronel Osvaldo Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Sierra, el teniente primero Enrique José Del Pino y el teniente Primero Norberto Eduardo Condal-, de tres exoficiales del Destacamento de Inteligencia 181 -Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre-, y de los exoficiales del Batallón de Comunicaciones 181 Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y José Antonio Maidana.
El juez consideró a todos responsables penalmente de los delitos de violación de domicilio y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haber sido consumada con amenazas y violencias, y, según los casos, por su duración mayor a un mes, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política.
Asimismo, dispuso el embargo de cada uno por 3 millones de pesos, por lo cual serán intimados al pago o a dar bienes, bajo apercibimiento de que, si así no lo hicieren, dentro del quinto día de notificados, serán inhibidos.
“Las mismas estadísticas demuestran que el abocamiento por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado al ejercicio de la violencia contra los docentes de la UNS fue claramente central y directo: de un total de 237 ediciones referidas al tema subversivo, más de 80 editoriales se dedicaron específicamente al ámbito de los ‘ideólogos subversivos’ en las universidades", indicó la fiscalía.
De esta forma, el juez hizo lugar parcialmente al pedido formulado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, integrada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Paula Molini y Pablo Fermento, quienes impulsaron la acción penal contra los exmilitares y también contra dos civiles: el entonces secretario del juzgado federal, Hugo Mario Sierra, y el directivo del multimedio local La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot.
Da Silva no hizo lugar a la citación como sospechosos de Sierra y Massot, por considerar que había que profundizar la investigación a su respecto, para lo cual volvió a remitir las actuaciones a la fiscalía, a la que había delegado la instrucción. La decisión fue apelada por la Unidad Fiscal, que considera que se encuentran reunidos los elementos probatorios sobre los aportes delictivos de los imputados y que el juez debía convocarlos a prestar declaración indagatoria. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó al juzgado federal que, si consideraba que existían medidas de investigación pendientes, debía reasumir la investigación.
“Planificado, coordinado y ejecutado por tres estamentos”
Según la acusación fiscal “lo inédito del caso radica en el modo en que el ataque contra los integrantes de la Universidad Pública fue planificado, coordinado y ejecutado por tres estamentos –las fuerzas armadas y policiales, la justicia federal y los medios de comunicación–, con la finalidad de instalar públicamente el proceso autónomo de actualización de los planes de estudio de las carreras que estaba atravesando la institución, como una misión de infiltración ideológica”. Asimismo, desde la fiscalía sostuvieron que “en el marco de esta operación psicológica, las víctimas fueron presentadas al público como un enemigo de la sociedad”.
Las treinta víctimas fueron secuestradas a través de operativos ejecutados entre junio y noviembre de 1976. Por entonces eran docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología de la UNS, integrantes del gabinete de psicopedagogía social de las Escuelas Medias de la misma institución, profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, y estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Algunas víctimas debieron exiliarse.
Entre ellas se encuentran los/as docentes universitarios de los departamentos de Economía, Humanidades y Física de la Universidad Nacional del Sur: Ana María Pucciarelli, Carlos Bernardo Dartiguelongue, Marcos Luis Isabal, Walter Enrique Daub, Oscar Julio Galfre, Eduardo Alfredo Villamil, Miguel Ángel Arias, Victorio Carlos Adolfo Barrera, Luis Alberto Rodríguez, Horacio Ciafardini, Mario Arnaldo Usabiaga, Carlos Alberto Cristiristiá, Juan Pedro Drisaldi, Hugo Osvaldo Del Campo, Marta Natividad Pantano de Bosco, Héctor Pistonesi, Alberto Constante Barbeito, Edgardo Arturo Trigo y Daniel Villar.
El juez rechazó el llamado a indagatoria de Massot y Sierra y le remitió la causa a la Unidad Fiscal, en la que había delegado la instrucción. El MPF apeló esa medida porque considera que existen elementos suficientes contra ambos imputados y la Cámara Federal le indicó al magistrado que, si consideraba que había medidas por cumplir, reasumiera la investigación.
También integran las víctimas los/as ex funcionarios/as de esa casa de altos estudios y ex miembros de otros departamentos académicos Rafael Luis Laplaza, Manuel Schillizi, Dolio Heraldo Sfacia, Félix Gustavo Schuster, Mario Carlos Aggio y María Gabriela Sartori; los/as graduados/as de la Licenciatura en Economía Anahí Silvia Rodríguez y Heber Nazareno Tappatá; los estudiantes secundarios Sergio Gustavo Custodio y Rodolfo Humberto Casanova; y el estudiante universitario Hugo Reinaldo Sartison.
La mayoría de las víctimas fueron trasladas y alojadas cárceles de distintos lugares del país, mientras que Sfascia, Arias, Drisaldi y Luis Alberto Rodríguez llegaron a permanecer algunos días en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181. Finalmente, todas las víctimas recuperaron la libertad.
“Ideólogos subversivos en las universidades”
En el requerimiento, la fiscalía había destacado la estigmatización y la incitación al genocidio que, como parte del plan dirigido contra las víctimas, se ejerció desde el diario La Nueva Provincia. “Las mismas estadísticas demuestran que el abocamiento por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado al ejercicio de la violencia contra los docentes de la UNS fue claramente central y directo: de un total de 237 ediciones referidas al tema subversivo, más de 80 editoriales se dedicaron específicamente al ámbito de los ‘ideólogos subversivos’ en las universidades, como blanco necesario y prioritario de la lucha contra la subversión, convocando a su aniquilamiento con los mismos métodos utilizados contra la guerrilla armada”, indicó la fiscalía al momento de impulsar los pedidos de indagatoria a los imputados.
El dictamen fiscal exhibió además la actuación sincronizada que existió entre las editoriales y las publicaciones centrales -con tapas con títulos catástrofe y páginas principales-, el avance de las causas judiciales contra los miembros de la comunidad universitaria montadas por el juzgado federal y la actuación de las fuerzas represivas. En ese sentido, remarcó que los secuestros y las torturas se materializaron con “los aportes relevantes y necesarios” de los entonces funcionarios del fuero federal, en el que además de Sierra, se encontraban los jueces Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Suter, y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni.
A modo de ejemplo de la sincronía y la sintonía con los aportes indispensables del diario La Nueva Provincia, los fiscales citaron fragmentos de una sentencia dictada por el juez Suter publicada por el diario bajo títulos como “El país frente a la subversión”, “La subversión en el ámbito universitario”, “Panorama existente en la UNS, en los años 1973/74” y “La libertad de cátedra y la infiltración ideológica”.
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