El conflicto se originó cuando la Fiscalía de Estado de Formosa presentó una demanda de desalojo, donde señaló que el ingreso al predio había sido efectuado sin la autorización del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, en contravención a la Ley de Tierras N°113. Según la acusación, los ocupantes "violaron" disposiciones legales diseñadas para preservar los bienes públicos y el uso legítimo de las tierras fiscales.
Orden judicial y rechazo de apelaciones
La jueza Araceli Mocca emitió el 21 de octubre de este año una orden de desalojo anticipado y exigió la "entrega inmediata" del predio a las autoridades provinciales. A pesar de los intentos de Paoltroni y sus acompañantes de revertir la decisión mediante recursos de apelación, la Cámara Civil y Comercial rechazó las solicitudes y confirmó la legalidad del fallo original.
Con la sentencia firme, el procedimiento de desalojo fue ejecutado un mes después, devolviendo el control del terreno al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, organismo encabezado por María Isabel Atencia. Este instituto ahora supervisa la administración del predio, reafirmando la prioridad de regular el uso de tierras públicas en la provincia.
En el documento judicial al que accedió El Destape, se aclara que "Paoltroni no tiene vínculo alguno con la superficie objeto de desalojo" y se detalla que se trata de "una ocupación ilegal y la intrusión ejercida por el mismo ha sido de mala fe desde el origen, esgrimiendo documentos privados no oponibles a terceros".
Por medio del documento judicial, la jueza Araceli Edith Mocca disposuo "la entrega inmediata del inmueble, debiendo Francisco Paoltroni y quienes resultan intrusos y cualquier otro ocupante y tenedores precarios y quienes exploten el predio proceder a desocupar el mismo de cosas y personas".
Además, el escrito solicita: "Hacer saber a la policia de nuestra provincia que deberá brindar protección en los lugares de acceso y colindantes al predio objeto de desalojo, antes, durante y concluido el lanzamiento".
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