La causa se inició a partir de una denuncia que hizo Morales después de un escrache que sufrió mientras daba una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. La actividad fue el 16 de octubre de 2009. En 2011, se pidió la elevación a juicio de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de daño agravado y amenazas. A Milagro Sala la acusaron de ser instigadora.
El 28 de diciembre de 2016, cuando Sala ya llevaba casi un año presa, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy la condenó por haber supuestamente instigado la protesta contra Morales que se había hecho siete años antes. En ese momento, el TOF dio por acreditado el delito de daño pero consideró prescripto el de amenazas.
Cuando fue la protesta contra Morales, Sala no estaba siquiera en la provincia, pero para condenarla tomaron como ciertos los dichos de René Orlando Orellano que había declarado que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Lo que Orellano olvidó declarar fue que él era empleado de la gobernación de Morales, el principal interesado en conseguir la condena de Sala. “Además, dijo que había denunciado porque se encontró con el abogado de Morales ‘de casualidad’, que le indicó que podía denunciar lo sucedido. Negó haber hablado nuevamente con este abogado, pero un registro de llamadas mostró conversaciones el día antes de su declaración”, apuntó Aldazabal.
La causa llegó a Casación en 2017. Allí, el fiscal Javier De Luca se pronunció por la absolución de la dirigente social, mientras que los integrantes de la Sala IV –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani– confirmaron la sentencia y ordenaron al tribunal de Jujuy dictar sentencia también por el delito de amenazas, por el que habían sido absueltos. La causa fue a la Corte en 2018, que rechazó el recurso por no ser sentencia definitiva.
En el expediente no hubo novedades durante tres años. El 4 de junio de 2021, el TOF rechazó la prescripción de la causa pedida por la defensa de Sala. Para entonces, Morales vociferaba que quería siete años y medio de prisión para Sala y que la cumpliera en el penal federal de Güemes –donde estuvo alojada un breve lapso durante el macrismo. Ese tiempo fue suficiente para que los penitenciarios la ficharan y compartieran su información con los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que pasaron a la fama como “Súper Mario Bros”.
El 17 de junio de 2021, los jueces de Jujuy agravaron en seis meses la pena que ya le habían dictado a Sala en 2016. De esa forma, quedó con una pena de tres años y medio por una protesta que se había hecho doce años antes. En Casación, el fiscal de Luca consideró que el TOF de Jujuy se había apurado a dictar la nueva sentencia condenatoria porque creía que la causa estaba por prescribir. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci, les dio la razón a la defensa de Sala y al fiscal de Luca: la causa estaba prescripta.
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