Córdoba se encuentra nuevamente en el centro del debate ambiental tras la presentación de una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora (foto) y otros funcionarios provinciales por la reciente aprobación de la ley 10.997, que adhiere al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional. La denuncia, encabezada por referentes ambientales y sociales, apunta a las irregularidades legales y a las potenciales consecuencias ambientales de esta normativa.
El abogado Juan Smith detalló irregularidades en el proceso de aprobación del RIGI provincial, como la ausencia de doble lectura y audiencia pública, requeridas por la Constitución provincial. “El tratamiento exprés sobre tablas no alcanzó la mayoría necesaria y violó varias normativas vigentes”, explicó. Además, destacó que la norma otorga al Ejecutivo facultades discrecionales que exceden los límites legales.
La crítica se amplía hacia el impacto ambiental que podría tener el RIGI en Córdoba, una de las provincias con mayores problemas ecológicos en Argentina. Desde el Campus Córdoba del Right Livelihood College, se advirtió que la provincia enfrenta un cóctel de crisis: “Lagunas eutrofizadas, deforestación extrema, uso indiscriminado de plaguicidas, incendios recurrentes y basurales a cielo abierto”. Según Montenegro, la implementación del RIGI podría ser el golpe de gracia para un ecosistema ya al borde del colapso.
El caso, radicado en la Fiscalía Penal y Económica de Segunda Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, promete ser un nuevo capítulo en la lucha por la preservación del ambiente en Córdoba. Mientras tanto, se esperan nuevas presentaciones legales, incluyendo Amicus Curiae, que reforzarán los argumentos de los denunciantes. La polémica está instalada, y la respuesta judicial será clave para definir el futuro de esta controvertida ley.
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