El debate aborda los crímenes cometidos contra 15 víctimas en el ámbito del área militar 400, con jurisdicción en Zárate-Campana. El ex comisario de la seccional de Villa Ballester, Carlos Caimi, el ex jefe de Personal del área, Pacífico Britos, y el ex jefe de una de las compañías de la Escuela “General Lemos”, Horacio Sánchez, llegaron acusados por su intervención en diferentes hechos.
El debate, que está a cargo del juez Daniel Gutiérrez y de las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga, comenzó con la lectura de la acusación fiscal y continuó con declaraciones testimoniales. La audiencia próxima audiencia se llevará a cabo el 12 de noviembre a las 9.30.
Los acusados Caimi y Britos afrontan su segundo debate oral por crímenes de lesa humanidad. El mismo tribunal, con otra composición, impuso en 2022 al expolicía -que estuvo a cargo de la comisaría de Villa Ballester durante la dictadura- 4 años de prisión, mientras que condenó a prisión perpetua el ex militar, quien para la época fue jefe de personal de la denominada área 400. En tanto, el exteniente Sánchez, quien fue jefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate “General Lemos”, enfrenta su primer juicio.
En mayo pasado falleció el ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, lo cual produjo que una gran cantidad de hechos por los que estaba únicamente imputado en esta causa quedaran fuera del objeto procesal del juicio.
Entre las 15 víctimas cuyos casos aborda el proceso se encuentran militantes de la organización Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), entre ellos un soldado que estaba realizando la conscripción, y trabajadores de empresas metalúrgicas y petroleras de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Hechos, acusación y calificaciones
De acuerdo con la acusación fiscal, Caimi está imputado de haber mantenido privada de su libertad a una mujer entre el 4 y el 28 de mayo de 1976 en la Comisaría de Villa Ballester. La víctima permaneció durante su cautiverio con los ojos tapados y fue interrogada, torturada y violada en dos oportunidades por personas diferentes.
Entre las 15 víctimas se encuentran militantes de la organización Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), entre ellos un soldado que estaba realizando la conscripción, y trabajadores de empresas metalúrgicas y petroleras de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El ex comisario se desempeñó como titular de aquella dependencia policial que, entre marzo y diciembre de 1976, funcionó como centro clandestino de detención. “La actividad desplegada por algunos comisarios a cargo de sus respectivas dependencias policiales, resultaron ser un eslabón esencial dentro de la cadena represiva implementada”, sostuvo la fiscalía en la acusación de acuerdo con lo acreditado en procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad desarrollados en esa jurisdicción. En tal sentido, acusó a Caimi en carácter de autor de allanamiento ilegal en un hecho, privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional y doblemente agravada por violencia y amenazas e imposición de tormentos en un hecho, y abuso sexual con acceso carnal con persona de uno u otro sexo, cuando la víctima no pudiere resistir, y cuando se usare de la fuerza o la intimidación, con el concurso de dos o más personas en dos hechos, todos en concurso real.
En tanto, a Pacífico Britos se lo juzga por los hechos cometidos cuando se desempeñaba con el grado de capitán de Artillería como jefe de Personal (S-1, en la jerga castrense) de la plana mayor del área 400. De acuerdo con la acusación, el exmilitar tenía entre sus facultades la designación del lugar de detención de las víctimas y sus traslados, y el análisis de los listados de los detenidos alojados dentro del centro clandestino de detención y exterminio que funcionaba en la guarnición de Campo de Mayo u otros sitios, para luego decidir sus destinos finales junto a los miembros de la cadena de mando.
Britos llegó acusado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida como funcionario público y por el empleo de violencia y amenazas reiteradas en 12 oportunidades; imposición de tormentos, agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un perseguido político en 14 ocasiones; allanamiento ilegal en 9 hechos; y homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en 11 hechos.
Por último, a Sánchez se le imputa haber privado ilegalmente de su libertad el 7 de mayo de 1976 a un soldado conscripto que prestaba servicios en la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate “General Lemos”, donde el imputado se desempeñaba como jefe de esa misma compañía con el grado de teniente primero. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Sánchez debe responder como coautor responsable del delito de privación ilegal de la libertad del soldado, cometida con abuso funcional, y como partícipe necesario del delito de imposición de tormentos infligidos por un funcionario público, agravado por ser la víctima un perseguido político.
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