El fallo fue determinado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2 el viernes pasado luego de la presentación de un amparo colectivo presentado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo junto a docentes, no docentes y alumnos de la universidad. En este marco, también se determinó -según detalló UNMa- la inmediata reapertura de la sede de la UNMa en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz "intimando a que se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden a la apertura de dicha sede".
La primera resolución que presentó el ministerio de Capital Humano fue para revisar la creación de la universidad y ordenó su intervención, al designar un interventor. El fallo calificó a la resolución como "irrazonables a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales".
El comunicado de la UNMa destacó el nivel de intervención estatal contra la institución y recordó que el interventor Maurizzio intentó el 2 de septiembre clausurar la sede de la universidad ubicada en la calle Defensa 119, con un operativo de la Policía Federal, sin orden judicial. El interventor había puesto como excusa para el cierre la “falta de matafuegos y otras cuestiones”.
La decisión de la Justicia indicó que estas resoluciones “constituyen una injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo”, subrayó la UNMa en un comunicado. Es que el Congreso aprobó la creación de la universidad en octubre pasado tras ser votado por mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores; por lo que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), que dependía hasta entonces del Ministerio de Justicia, pasó a ser una casa de altos estudios con autonomía.
La primera es la Resolución 45/24, que inició un “proceso de revisión” sobre la creación de nuevas universidades nacionales, que como la UNMa fueron aprobadas por el Congreso en octubre de 2023. Entre ellas, también está la Universidad de Pilar, que obtuvo otro fallo favorable para detener las intenciones de Pettovello. La otra resolución es la 542/24, con la que el Ministerio de Capital Humano dispuso la intervención.
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