“Si se aprueba el presupuesto que el Gobierno presentó, las universidades no van a poder funcionar el año que viene”, advirtió en diálogo con Infobae.
“Los trabajadores ya perdieron casi la mitad de su salario en lo que va del año debido a la inflación. Si se reduce aún más el presupuesto, ni siquiera tendremos personal para abrir las puertas de las universidades”, sostuvo Yacobitti.
La comparación con otros países de la región fue inevitable: “Estamos hablando de un porcentaje de inversión en educación similar al de países como Venezuela, lo cual es insostenible”.
Otro tema que genera debate es el de las auditorías universitarias. El Gobierno insiste en que la falta de auditorías y controles es uno de los principales problemas de las universidades públicas. Yacobitti, en cambio, defendió la transparencia de estas instituciones y desmintió las acusaciones del oficialismo: “La Auditoría General de la Nación audita regularmente a las universidades, y hay sistemas internos y externos de control que están en funcionamiento”.
“En la página de la UBA, por ejemplo, está disponible toda la información referente a las auditorías y el cumplimiento de las normativas que se exige por ley. El Gobierno está usando esta cuestión como excusa para justificar un ajuste que es injustificable”, explicó, y afirmó que esta estrategia oficialista es un intento de “ensuciar” la imagen de las universidades para legitimar la reducción de fondos.
También apuntó contra la actitud del PRO y del expresidente Mauricio Macri, quienes jugaron un rol fundamental en el blindaje parlamentario al veto presidencial. “Lo que no se puede hacer es hablar en favor de la universidad pública y, al mismo tiempo, avalar un recorte brutal como el que se está proponiendo”, criticó Yacobitti.
El dirigente radical lamentó que figuras políticas que defendieron la educación en el pasado avalen un ajuste que podría poner en riesgo la continuidad de las universidades públicas: “Es una crueldad difamar a las instituciones que hacen grande a la Argentina para justificar un voto. Esto no solo es deshonesto, sino que afecta directamente la credibilidad de quienes se dicen defensores de la educación pública”.
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