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El Gobierno anunció la privatización de Belgrano Cargas

(26/10/24 - Transporte Ferroviario/Gestión Milei)-.El Gobierno de Javier Milei hizo oficial la privatización de la empresa de trenes Belgrano Cargas, marcando un hito como la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió el nuevo gobierno. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia que sufrió varias reprogramaciones, generando expectación entre los medios y el público.

Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías que serán concesionadas a empresas privadas, mientras que los rieles y terrenos seguirán siendo propiedad del Estado Nacional. Este cambio responde a la Ley Bases y está diseñado para eficientizar la operación del servicio ferroviario, que en su estado actual se considera "obscenamente deficitaria". En el último año, el Estado tuvo que aportar 112 millones de dólares para mantener la empresa, que también cuenta con una planta sobredimensionada de 4.429 empleados y una estructura jerárquica inadecuada.

El Gobierno expresó que el objetivo principal de esta privatización es mejorar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, fomentar la inversión en el sector y aplicar una lógica de mercado a las operaciones ferroviarias. A pesar de que la producción agropecuaria en el país se ha sextuplicado en los últimos 50 años, el transporte de carga por parte de Belgrano Cargas ha permanecido estancado, transportando la misma cantidad de toneladas desde hace 15 años.

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderará el proceso de privatización. Se implementarán siete concesiones diferenciadas que incluirán diversas líneas y aspectos de operación, asegurando que haya competencia en el sector. Chaher también destacó que el esquema de concesión permitirá el acceso abierto a la infraestructura, evitando situaciones monopólicas y asegurando que otros operadores puedan utilizar las vías.

Qué es Belgrano Cargas y Logística S.A

Belgrano Cargas fue establecida por decreto en mayo de 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de unificar y optimizar la explotación de la red de cargas del Ferrocarril General Belgrano. Sus accionistas incluyen sociedades estatales como Trenes Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos Operaciones.

Belgrano Cargas y Logística S.A. (Bcylsa) es una empresa estatal argentina fundamental en el transporte de mercaderías, especialmente del sector agropecuario, a través de una extensa red ferroviaria que abarca 7.600 kilómetros. La empresa, creada en 2013, gestiona tres líneas ferroviarias clave: la Línea Belgrano, la San Martín y la General Urquiza, que atraviesan 17 provincias, lo que la convierte en una pieza clave para el traslado de granos hacia los puertos de exportación.

El Gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar en la privatización de las concesiones de Bcylsa, en un proceso que busca incrementar la eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de cargas. Esta medida se inscribe en el marco de la Ley Bases, que habilita la privatización de diversas empresas estatales.

El proceso de privatización será liderado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher. En una conferencia de prensa, Chaher explicó que se implementarán **siete procesos de concesión diferenciados** para cada una de las tres líneas ferroviarias. El mismo se hará mediante una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje, que también incluirá el traspaso de los empleados asociados; dos concesiones de locomotoras, que incentivarán la competencia y contemplarán a sus respectivos conductores; y dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres, que incluirán a los empleados asociados.

La decisión de privatizar Bcylsa se justifica, según el Gobierno, por un déficit significativo: en 2023, la empresa registró un déficit de 112 millones de dólares. A pesar de que la producción agrícola se ha quintuplicado en los últimos 50 años, la capacidad de carga del Belgrano Cargas ha permanecido estancada, lo que ha llevado al Gobierno a concluir que la intervención estatal ha sido ineficiente.


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