De acuerdo a un reciente sondeo de Zuban Córdoba & Asociados, el 91 % está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario; el 76,2 % desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4 % considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7 % está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.
Hay menos acuerdo en que las universidades deben hacer un uso más eficiente de sus gastos y un núcleo duro, muy sólido e irreductible, cree que hay que ajustar a las universidades (34,8 %) y está a favor del veto (38,1 %).
Los encuadres del discurso oficial son importantes. “La universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas”, “el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, “las universidades han dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”, “las universidades son un curro de la casta, no se dejan auditar”, “la educación no es gratis, alguien la tiene que pagar”, para luego tener que aclarar que “la educación pública y no arancelada no está en discusión”, han mostrado que la reacción pública impacta en el tono del presidente, aunque no parece tener intención de dar marcha atrás en la cuestión del financiamiento.
“No es extraño que los gobiernos que se sienten fuertes intenten generar cambios sociales profundos. Es una tentación refundacional a la que muchos presidentes ceden tarde o temprano. La intencionalidad de instalar un debate que se creía superado en la sociedad argentina deja perplejos a muchos/as. No se entiende por qué, si el eje va por una auditoría a los fondos, el embate es contra los salarios docentes”, explican Gustavo Córdoba y Paola Zuban.
Así las cosas, dieron cuenta que el Gobierno parece embarcado en una misión imposible: la de forzar un divorcio entre la sociedad argentina y la que es una de sus instituciones más creíbles.
¿Será este el talón de Aquiles de Milei? Los intentos por bajarle el tono a la protesta no dispersaron a la comunidad universitaria, que sigue en el reclamo por el déficit en el financiamiento.
“Es difícil imaginar réditos concretos para el gobierno en esta crisis. Al contrario, los intentos prematuros para clausurar el proceso de crisis de estos días demuestran que hay una situación de incomodidad de la que los actores oficiales no saben muy bien cómo salir. Es difícil cambiar de dirección luego de hacer una apuesta política arriesgada”, suman los politólogos.
La conclusión inevitable del estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso. Es un error que suele generar profundos procesos de desgaste que dejan a las gestiones en posiciones de debilidad.
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