Con marchas, rituales de canto y baile, centenares de familias cerraron rutas en Pozo Colorado, Chaco y Caaguazú, en la Región Oriental.
En su pronunciamiento, la Coordinadora de Líderes Indígenas del Chaco (CLIBCh), exigió un cambio de políticas públicas que les permita vivir en igualdad de condiciones respecto a otros sectores de la sociedad.v
“El estado de necesidad en que vivimos, debido a la pobreza y la falta de oportunidades, condiciona nuestro desarrollo como pueblos y nos relega al último escalón de la sociedad. Esta situación es aprovechada por inescrupulosos intereses para penetrar nuestras tierras y extraer rollos de madera o hacer pastar sus animales a cambio de poco dinero y mucho perjuicio”, menciona el texto.
El escrito detalló que a esto se suma la exposición de las comunidades indígenas a la trata de personas con fines laborales y sexuales, donde las mujeres y jóvenes son las más vulnerables. Toda esta vulnerabilidad se agudizó por la crisis climática.
“Atrapados entre la pobreza y la sequía, en un país donde el Estado se organiza y actúa solo en función de los intereses empresariales, los Pueblos Indígenas vivimos una tragedia que empeora diariamente en el Paraguay”, lamentó la organización que participó de varias movilizaciones simultáneas en diferentes puntos del país.
Teniendo en cuenta la coyuntura, insistió en su pedido de convocar en un plazo no mayor a 15 días a una mesa de trabajo que tenga como objetivo central la erradicación de la pobreza en las comunidades indígenas.
La organización se quejó, sobre todo, de los ganaderos y madereros que ingresan a sus territorios para pastar a los animales y extraer rollos de madera.
Al respecto pidieron la intervención estatal y proponen la inversión sostenida en infraestructura, educación, producción de alimentos y la protección de territorios, así como el cumplimiento de todas las demandas que sigue pendientes de respuesta estatal.
Aunque reconoce los esfuerzos en la asistencia a indígenas afectados por la sequía y los incendios, pide un mayor esfuerzo para que la ayuda humanitaria proveniente del Estado y la sociedad llegue a todas las comunidades de forma segura y regular.
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