En profundidad. Periodistas Argentina presentó el informe “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, donde detalla 16 “casos emblemáticos” de “trolling” y advierte que ese mecanismo orquestado “afecta y limita la libertad de expresión”, tiene un efecto “disciplinador” para silenciar a otras voces y “socava la democracia”. Con los testimonios y la evidencia suficiente, el colectivo reclama el fortalecimiento del “marco legal” para “proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza”.
La presentación se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA y entre el público estuvieron referentes de Amnistía Internacional, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y legisladoras, entre ellas Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
Entre las periodistas que le pusieron voz al reclamo se encuentra Nancy Pazos, quien planteó la urgencia de que “se tome conciencia, que algo suceda, que no pase desapercibido”, el informe. “En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”, aseguró
En ese sentido, el relevamiento describe que las periodistas argentinas que han sufrido acoso en la red, y las situaciones que han enfrentado cada una de ellas, tienen características en común: “Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía”. Generalmente, los ataques “no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales”.
El papel de Javier Milei es clave para entender como funciona la dinámica de la violencia. Según el documento, no estamos frente a un mandatario pasivo, sino que los ataques suelen ser iniciados o replicados por el presidente, “lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad”.
En el informe se incluyen 16 casos de periodistas que sufrieron ataques sistemáticos y orquestados en redes sociales: Ella son Luciana Peker (Infobae), Ivy Cángaro (periodista de investigación), Paula Moreno Román (presidenta de Fopea), Marina Abiuso (exeditora de género de TN), Nancy Pazos, María O’Donnell, Romina Manguel, Luisa Corradini (corresponsal del diario La Nación), Silvia Mercado (El Cronista), Sofía Diamante (La Nación y LN+), Jesica Bossi (TN), Ángela Lerena, Cecilia Boufflet (Radio Mitre y TN), Julia Mengolini (Futurock), Mónica Gutiérrez y Delfina Celichini (La Nación).
En muchos de los casos, contaron las periodistas, el ataque afectó también la relación periodística de esas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales. “La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones. No creen que sea personal, aunque sí disciplinador”, alerta el documento.
Incluso, coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión. “Las consecuencias no son exclusivamente individuales, sino que se derraman y generan más repliegues: de colegas y activistas que rehúyen de la visibilidad, y de otras mujeres que no quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no ser hostigadas. Por cada mujer silenciada o que se intenta acallar, son varias las que se retiran o ni siquiera llegan al debate público”, describe el informe, en el que examinan cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas para coordinar intimidaciones y descalificaciones.
Es por ello que le piden al Estado que:
*Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
*Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
*Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
*Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.
A su vez, a las empresas le solicitaron que:
*Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan o intenten prevenirla. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección.
*No se tomen “como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir”.
*Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.
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