La decisión judicial no se limita al presidente argentino. El tribunal también ordenó la detención de dos altas funcionarias del gobierno de Milei: Karina Elizabeth Milei, secretaria de la presidencia, y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad.
Según informó el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, la medida se basa en una investigación abierta por la participación de Javier Milei en delitos de Legitimación de Capitales, Simulación de Hechos Punibles, Privación Ilegítima de Libertad, Interferencia Ilícita en la Seguridad Operacional de la Aviación Civil, Inutilización de Aeronaves y Asociación.
El caso se remonta a junio de 2022, cuando un avión de la empresa venezolana Emtrasur aterrizó en Argentina. En ese momento, sus 19 ocupantes (cinco iraníes y 14 venezolanos) fueron detenidos. La controversia escaló en febrero de este año cuando el gobierno de Milei entregó la aeronave a Estados Unidos, donde posteriormente fue desmantelada.
De la retención en Argentina al desmantelamiento en EE.UU.
8 de junio de 2022: Autoridades argentinas retienen un Boeing 747-300M propiedad de Emtrasur, empresa venezolana, junto con su tripulación de 19 miembros (venezolanos e iraníes).
Junio 2022 – Enero 2024: Venezuela lucha por la liberación de la tripulación y la recuperación de la aeronave. Múltiples requisas no encuentran infracciones.
3 de mayo de 2023: Un tribunal de EE.UU. emite una orden final de decomiso.
Durante este período: La tripulación es liberada tras meses de detención, al comprobarse su inocencia.
Diciembre 2023: Javier Milei asume la presidencia de Argentina, prometiendo una postura más alineada con Estados Unidos.
Febrero 2024: Con el nuevo gobierno argentino, se aceleran los permisos judiciales para extraditar la aeronave a Estados Unidos.
11 de febrero de 2024: Argentina transfiere la custodia del avión a EE.UU.
12 de febrero de 2024: EE.UU. anuncia oficialmente la incautación.
Posteriormente se publican imágenes que muestran el desmantelamiento del avión en un aeropuerto de Florida, EE.UU.
El Departamento de Justicia de EE.UU. justificó la acción alegando que el avión pertenecía previamente a Mahan Air, una aerolínea iraní sancionada. Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, declaró: «Los malos actores, tanto cercanos como lejanos, están en alerta de que Estados Unidos utilizará todas sus herramientas para hacer rendir cuentas a quienes violen nuestras leyes.»
Un informe del grupo de análisis e investigación Misión Verdad describe el caso como uno de los «thrillers sobre violación del Derecho Internacional más elocuentes de los últimos tiempos». Destaca lo ocurrido como actos de «secuestro, robo y destrucción», y ha sido criticado por revelar «el servilismo de ciertos gobiernos en la región de América Latina y el Caribe y la arbitrariedad de Washington en su relacionamiento internacional».
El grupo de expertos señala que el caso demuestra cómo «las leyes estadounidenses operan extraterritorialmente como leyes universales de obligatorio cumplimiento», desafiando el Derecho Internacional Público, las leyes de aeronáutica civil internacional y los derechos humanos.
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