En el reclamo de ascenso formulado a sus superiores en 1990, Leston destaca su participación activa en "la guerra contra el terrorismo", con "enfrentamientos armados casi a diario". - Imagen: documento exhibido en juicio por la fiscalía.
En el reclamo de ascenso formulado a sus superiores en 1990, Leston destaca su participación activa en "la guerra contra el terrorismo", con "enfrentamientos armados casi a diario".
El excabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea, Julio César Leston, prestó declaración indagatoria el martes ante el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, en el juicio en el que es juzgado junto a otros cuatro exmiembros de esa fuerza por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 114 víctimas en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense durante el terrorismo de Estado. En el marco de la audiencia también declaró Mariana Eva Pérez Roisinblit, una de las testigos querellantes, hija de una pareja desaparecida. En la acusación intervienen el fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol.
Además de Leston, en el proceso se encuentran acusados el excabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento; el exteniente 1° de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el excabo 1° de la misma unidad militar, José Juan Zyska; y el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch, quienes optaron por no declarar. Todos llegaron acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. A Leston también se le imputan dos hechos de coacciones y a Vázquez Sarmiento la falsificación del documento nacional de identidad que tenía en su poder al momento de ser detenido, luego de pasar varios años prófugo.
En su declaración, Leston sostuvo que ingresó a la Fuerza Área en 1964. Afirmó que su vocación “era ser administrativo” y que estudió "en el Instituto de Formación de Ezeiza”. Precisó que su egreso de allí fue en 1965 y que fue destinado a la Brigada Aérea de Morón, donde -dijo- trabajó en la parte administrativa.
El ex militar puntualizó que entre 1973 y 1974 se instaló en Merlo y que en la base de la fuerza ubicada en ese distrito bonaerense realizó en 1976 un curso de inteligencia aérea, en el cual estudió fotografía y fotointerpretación. Añadió que en el 1977 fue destinado a la RIBA y que allí le ordenaron realizar informes en base a las publicaciones de diarios y revistas sobre lo vinculado a noticias religiosas.
En esa línea, el acusado negó haber participado en hechos vinculados a privaciones ilegales de la libertad. “No tenía ninguna experiencia en tormentos, detenciones ilegales o meter preso a alguien porque las tareas que me dieron siempre fueron siempre de escritorio”, dijo, e indicó que no recordaba haber formado parte de ningún operativo ni de un enfrentamiento: “No le disparé a ni a un gato”.
"Vázquez Sarmiento, que hoy nos quiere hacer creer que no se acuerda el nombre de su madre, estuvo hace dos meses en una reunión con diputados de la Nación", sostuvo Mariana Pérez Roisinblit respecto del exmilitar, a quien acusó de haber intervenido en los hechos que la tuvieron como víctima junto a su familia.
Sin embargo, la fiscalía exhibió un reclamo escrito formulado en 1990 por el acusado a sus superiores para que lo ascendieran, que figura en su legajo, en el que destacaba en favor de su petición haber intervenido en “la guerra contra el terrorismo”, tanto en el Destacamento de Inteligencia en Tucumán, en 1976, y luego durante 5 años en la RIBA, "participando en enfrentamientos armados casi a diario" (sic).
Frente al documento, el acusado sostuvo que se trataba de afirmaciones para lograr un ascenso, "para que me den una manito", argumentó. La fiscalía entonces también le exhibió el certificado del curso de inteligencia que realizó en 1976, donde constaba que cursó las materias “técnicas especiales, acción psicológica y guerra revolucionaria”, ante lo cual explicó que en "técnicas especiales" se aprendía a tomar huellas digitales y a detectar explosivos.
Por otro lado, Leston reconoció que tuvo contacto en aquella época con Zoraida Isabel Martín, quien junto a su hermana Adriana forma parte del grupo de víctimas secuestradas y torturadas en los centros clandestinos del circuito de centros clandestinos de detención de la zona oeste del conurbano bonaerense. Una de las imputaciones contra el exmilitar es por haberlas amenazado durante varios meses en visitas periódicas que les realizaba luego de su liberación. El acusado sostuvo que concurrió armado y que, en aquél contexto, la víctima le había contado que daba charlas políticas en el colegio secundario y que él le había recomendado "cortarla con eso" porque iba a tener "problemas más serios". Leston reconoció que se lo había dicho "como consejo".
El acusado agregó que sabía que la mujer había sido secuestrada en Mendoza, tras haber sido entregada por un familiar a la policía. "Ahí la pusieron en un avión y la trajeron, entiendo yo, a la subzona 16", dijo.
En efecto, de acuerdo con la acusación fiscal, al momento de los hechos Adriana tenía 14 años y Zoraida 16. Esta última fue secuestrada el 29 de enero de 1977 en la vía pública de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, y desde allí fue llevada a distintos centros clandestinos de detención, hasta fue trasladada a la Comisaría 3° de Castelar y finalmente –el 29 de julio de 1977- a la casona conocida como “Mansión Seré”. Desde allí recuperó su libertad a fines de diciembre de aquel año.
Según la pieza acusatoria, con posterioridad a su liberación la víctima reconoció a Leston como uno de los represores que se presentaba en su domicilio dos veces por semana para mostrarle fotos o llevarla por el barrio como señuelo con el objeto de que reconociera a personas.
Sobre Adriana Martín, en tanto, la acusación fiscal sostiene que fue secuestrada el 16 de diciembre de 1976 en su casa de Ituzaingó y llevada a la Comisaría 3ª de Castelar, donde fue sometida a tormentos y permaneció en cautiverio hasta el 20 de febrero de 1977. "En relación a las circunstancias que rodearon a su liberación, Martín manifestó que fue llevada a su casa y que tres oficiales le ordenaron a ella y a su madre que fueran al juzgado a 'levantar' la denuncia de paradero que su madre había presentado. Asimismo, le refirieron a Adriana que debía retomar su vida y volver al colegio, que iba a estar vigilada. Uno de esos oficiales fue reconocido por la víctima y se trataba de Julio Cesar Leston, quien a su vez fue visto por la víctima en el juzgado al momento de prestar su madre declaración como así también en otras oportunidades en las que le refería que la tenía vigilada", puntualiza la acusación.
La fiscalía exhibió un reclamo escrito formulado por el acusado para que lo ascendieran en el que destacaba en favor de su petición haber intervenido en “la guerra contra el terrorismo”, tanto en el Destacamento de Inteligencia en Tucumán, en 1976, y luego durante 5 años en la RIBA, "participando en enfrentamientos armados casi a diario".
"Resistir la dictadura como fuera posible"
Mariana Eva Pérez Roisinblit relató luego la historia de sus padres José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit y la persecución que sufrió su familia por parte de la dictadura militar. Contó que su padre militó en la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y luego en Montoneros, y que había desarrollado su actividad política en Tres de Febrero, La Matanza y Morón.
Precisó que su padre era responsable militar de la columna Oeste de la organización Montoneros y que utilizaba los apodos "Matías" y "Aníbal". Por otro lado, relató que su madre había militado en el PRT-ERP y que al momento de los hechos lo hacía en el área de sanidad de Montoneros, que era estudiante de medicina y que tenía trabajo político en Morón. Estaba embarazada de ocho meses.
Con la foto de su padre y su madre en las manos, la testigo relató: "La desaparición de mis padres ocurrió 6 de octubre del 1978. Yo nací en junio del '77, ya en dictadura. Se trataba de resistir la dictadura como fuera posible. Ellos eran muy jovencitos cuando los secuestraron; tenían 25 años". Agregó que los secuestros se produjeron de forma simultánea: su madre y ella en su casa, y su padre en el negocio familiar dedicado a la venta de cotillón, que fue saqueado durante el procedimiento.
Pérez Roisinblit sostuvo que un primo suyo reconoció por fotos, en una declaración brindada en 2012, al acusado Vázquez Sarmiento como uno de los represores que se presentó en la casa de su tía abuela, horas después del secuestro, a devolverla a ella, que era una beba. El excabo de inteligencia llegó a juicio por haber intervenido en los hechos que derivaron en las privaciones ilegales de la libertad agravadas del padre y la madre de la testigo, quienes fueron conducidos inicialmente a la RIBA, y por la privación ilegal de la libertad de Gustavo Gabriel Pontnau, quien -al igual que la pareja- permanece desaparecido.
En base a hechos probados en otros juicios, la acusación señala que Patricia Roinsibilit fue llevada con posterioridad a la Escuela de Mecánica de la Armada para dar a luz a Guillermo, quien nació el 15 de noviembre de 1978 y fue apropiado por el exmiembro de la RIBA Francisco Gómez y su esposa Teodora Jofré. Guillermo recuperó su identidad años después. La testigo contó que ella misma recibió en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo la denuncia sobre la apropiación de su hermano.
"Vázquez Sarmiento, que hoy nos quiere hacer creer que no se acuerda el nombre de su madre, estuvo hace dos meses en una reunión con diputados de la Nación", sostuvo la testigo, en referencia a la visita que realizaron diputados y diputadas nacionales a personas detenidas por crímenes de lesa humanidad en la cárcel federal de Ezeiza en julio pasado. En ese contexto, la testigo le pidió al tribunal que también condenara al acusado por su propio secuestro y por la responsabilidad en la apropiación de su hermano Guillermo.
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