El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini; el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel; el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, y funcionarios y funcionarias de las unidades fiscales de Resistencia y Corrientes mantuvieron una reunión con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Gerardo Omar Larroza, a quien propusieron dar inicio a un plan de trabajo para reparar los legajos de estudiantes y profesores universitarios que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El proyecto propone incluir en la hoja identitaria de cada una de las víctimas una estampa que señale que “debieron interrumpir” su carrera universitaria o el ejercicio de la docencia o de la profesión “por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.
La iniciativa de los representantes del Ministerio Público Fiscal también fue acompañada por el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, el fiscal general Carlos Amad y el fiscal federal de Formosa, quienes actúan en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la región, que coincide con el extenso ámbito de influencia de la UNNE.
La propuesta del MPF a la casa de altos estudios es consecuente con las medidas de reparación que los fiscales vienen requiriendo en sus alegatos en los juicios orales y públicos, pero que los tribunales no ordenaron en su sentencia y pusieron su gestión en cabeza de las partes que lo requirieron. En efecto, eso fue lo que dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes al dictar sentencia en noviembre pasado en la denominada causa "Mechulán".
Durante el alegato, la fiscalía había requerido que al dictar sentencia se exhortara a la UNNE para que, a través de sus unidades académicas, inscriba en los legajos de los estudiantes o profesores universitarios víctimas de este juicio que debieron interrumpir sus carreras universitarias o la enseñanza “por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”. En tal sentido, solicitó que se haga entrega de sus respectivos legajos rectificados a las víctimas o sus familiares y que la gestión de esta medida quede a cargo de la Fiscalía Federal de primera instancia de Corrientes.
“Los legajos son nuestros documentos, incluyen nuestras biografías: en ellos se plasman las trayectorias, el desempeño individual, constituyen una hoja de ruta del individuo en relación con la institución de la que formó parte. La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar”, sostuvo la fiscalía en el juicio. La misma cita acompañó en el pedido formulado por escrito al rector Larroza.
Los fiscales pusieron de relieve que la reunión con el rector de la UNNE se produjo a pocos días del 40° aniversario de la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que se cumple hoy. Ese informe indicó que el 21 por ciento de las personas desaparecidas y asesinadas en todo el país eran estudiantes, pero los fiscales remarcaron que ese porcentaje fue mayor en el nordeste del país.
En tal sentido, los representantes del MPF pusieron de relieve que mediante los procesos judiciales llevados adelante en los tribunales federales de esa región se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la UNNE fueron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada "Casita de Mártires" de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía y las unidades penales N°7 y N°10.
De izquierda a derecha: Walter Romero, secretario de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia; Diego Vigay, auxiliar fiscal de Resistencia; Flavio Ferrini, fiscal federal de Corrientes; Federico Carniel, fiscal general de Resistencia; Omar Larroza, rector de la UNNE; Marisa Sanauria, prosecretaria de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Corrientes; Fabrizio Sartori, Secretario de Legales de la UNNE; y Daniela Bengualid, prosecretaria de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia.
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