El decreto reconoce por primera vez a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio en México, donde 23 millones de personas se identifican como tal, entre un total de 126 millones de habitantes.
También prevé la composición multiétnica y pluricultural de la nación, y eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno.
“Nunca más un México sin sus pueblos indígenas y originarios”, celebró la senadora morenista Ernestina Godoy, ante los aplausos de representantes y autoridades de varias comunidades.
Por su parte, la senadora Mely Romero, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) festejó la iniciativa para “saldar una deuda histórica”, pero enfatizó que solo es comienzo para asegurar que este reconocimiento constitucional se materialice en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, Romero acusó que desde 2018 han habido recortes en programas y apoyos del Gobierno federal, como el acceso a la tecnología y “la producción para la autoconsumo, que es algo inherente a la vida diaria de estos pueblos y comunidades”.
El decreto precisa que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
Además, determina que las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Esta reforma es parte del paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales que presentó el presidente López Obrador en febrero y que incluyen, entre otras, la reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada y la de la Guardia Nacional, que se discute en estos momentos.
La única reforma que no fue dictaminada por la anterior legislatura fue la electoral, por lo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que presentará una propia al iniciar su gobierno, el próximo 1 de octubre.
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