Los acusados son el ex cabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento; el ex teniente 1° de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el ex cabo 1° de la misma unidad militar, José Juan Zyska; el ex capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch; y el ex cabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea, Julio César Leston. Todos llegaron acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. A Leston también se le imputan dos hechos de coacciones y a Vázquez Sarmiento la falsificación del documento nacional de identidad que tenía en su poder al momento de ser detenido, luego de pasar varios años prófugo.
Las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga y el juez Walter Venditti juzgarán la responsabilidad de los cinco acusados en hechos perpetrados en el ámbito de la Subzona militar 16, en cuyo territorio funcionó el circuito represivo integrado por los centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyT) que tuvieron sede en la RIBA, con asiento en Morón; la casona de Morón conocida como "Mansión Seré"; la Iª Brigada Aérea de El Palomar; la VII Brigada Aérea de Morón; la VIII Brigada Aérea de Moreno; y varias dependencias policiales, principalmente las comisarías de Castelar y Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el Destacamento de Paso del Rey.
Los hechos vinculados a la Brigada Aérea de Moreno, la comisaría de Moreno y sus dependencias por primera vez llegan a esta instancia, pues no pudieron ser juzgados en tramos anteriores ante la muerte del excomisario de esa seccional, Omar Hernández, y del policía a cargo del Destacamento de Paso del Rey, Roberto Chiessi.
En la audiencia, que fue transmitida por el canal de Youtube La Retaguardia, el tribunal leyó tres requerimientos de elevación a juicio. Posteriormente, declaró formalmente abierto el debate y abrió la instancia para que las partes realizaran planteos preeliminares, que no fueron formulados. Finalmente, estableció un receso hasta la próxima audiencia del 10 de septiembre, en la que convocará a los cinco acusados a brindar declaración indagatoria.
"En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sin razón, sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso", sostuvo la fiscalía en la acusación.
De acuerdo al objeto procesal y al ritmo en que se celebrará el debate, se espera que las audiencias se extiendan por lo menos durante un año. En la acusación intervienen el fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala y, como querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Moreno por la Memoria, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Mariana Eva Pérez Roisinblit (por los hechos de los que fueron víctimas su padre y su madre).
Para este debate también habían sido acusados durante la etapa de instrucción, en la que intervinieron los fiscales federales Federico Delgado y Franco Picardi, el exoficial de la RIBA Juan Manuel Taboada, quien falleció antes de que el caso fuera elevado a juicio, y el exagente civil de inteligencia de la misma repartición, Arturo Rafael Giménez, a quien se apartó del proceso por razones de salud.
La acusación
De acuerdo con las piezas acusatorias, los hechos, calificaciones y tipo de intervención en ellos que se le imputan a cada exmilitar son los siguientes.
Vázquez Sarmiento: autor de 3 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, 2 de ellos agravados también por prolongarse más de un mes, e imposición de tormentos en 2 ocasiones; y partícipe necesario de 1 hecho de adulteración de documento público, agravado por estar destinado a acreditar la identidad de una persona.
Herrera: autor de 72 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, de los cuales 24 se encuentran agravados por su duración mayor a un mes, e imposición de tormentos en las 72 ocasiones.
Zyska: coautor de 31 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, de los cuales 17 se encuentran agravados por su duración mayor a un mes, e imposición de tormentos en 31 ocasiones.
Lynch: coautor de 28 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, de las cuales 11 se encuentran agravadas por su duración mayor a un mes, e imposición de tormentos en 28 ocasiones.
Leston: coautor de 24 hechos de privación de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, de las cuales 8 se encuentran agravadas por su duración mayor de a un mes, e imposición de tormentos reiterados en las 24 ocasiones; y autor de coacción reiterada en dos oportunidades.
La acusación resaltó el rol de la Regional de Inteligencia Buenos Aires de la Fuerza Aérea: "Tuvo intervención directa en los operativos de búsqueda y secuestro de aquellas personas sindicadas como 'subversivos' por el régimen dictatorial, actuando, de forma coordinada con los integrantes de los Grupos de Tareas".
"La forma más eficaz de suprimir al otro"
Las acusaciones fiscales leídas en el inicio del debate contextualizaron los hechos en el marco del terrorismo de Estado, que "se dirigió a 'normalizar' una situación con el fin de imponer un nuevo patrón de acumulación, para lo cual resultó necesario 'reformar' a sangre y fuego la sociedad". En este contexto, se señaló "que la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror. Al apelar a diversos métodos –que no se reducían al uso de instrumentos emblemáticos de suplicios-, los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas puesto que al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos. En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sin razón, sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso, porque esta es la forma más eficaz de suprimir al otro".
Asimismo, la fiscalía de instrucción indicó que "en este marco, los centros clandestinos de detención representaron un enclave fundamental del terror –visto como herramienta de poder (coercitivo) 'normalizadora'- atendiendo a que, más allá de los rasgos particulares de los actores, todos fueron piezas claves en la conformación de un ambiente, en sí mismo brutal e inhumano, que debía cumplir una determinada finalidad".
También señaló que "de acuerdo con la 'distribución del terror' que emergió desde las entrañas del Leviatán, ese espacio geográfico era 'responsabilidad' de la Fuerza Aérea. La represión clandestina se exteriorizaba a través de los temibles grupo de tareas 100, el 10, el 11 y el 12 y grupos especiales formados con policías de la provincia y militares. Estos singulares grupos actuaban en general en cada uno de los CDC [centros de detención clandestina]. A la par, la 'logística' y racionalidad de la labor contó con el auxilio de la Unidad Regional Buenos Aires (RIBA, San Martin 784-786 y Entre Ríos 981-985) que actuaba como centro de reunión de información subordinada a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea".
La acusación fiscal se detuvo en el rol de la RIBA: "Estuvo destinada a la búsqueda, recolección y análisis de información de inteligencia en el marco de la llamada 'lucha antisubversiva', así como de su distribución a las distintas unidades militares con actuación en la subzona. Esa labor se realizó en distintos ámbitos como el universitario, el gremial, eclesiástico, e incluso dentro de la misma fuerza".
"En otras palabras, la RIBA tuvo intervención directa en los operativos de búsqueda y secuestro de aquellas personas sindicadas como 'subversivos' por el régimen dictatorial, actuando, de forma coordinada con los integrantes de los Grupos de Tareas, ya sea, interviniendo en su carácter de 'especialistas' en la materia, o directamente, comandando los operativos", se precisó en la acusación.
Por otro lado, la imputación a Vázquez Sarmiento por la adulteración de documento público tiene como premisa que el acusado insertó una imagen de su rostro en un Documento Nacional de Identidad a nombre de otra persona. La fiscalía marcó que eso ocurrió en circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desconocen, pero con anterioridad al 8 de octubre de 2021.
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