Se trata de los diputados nacionales de UP Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria que requirieron al órgano de selección y sanción de jueces que “se ordene la apertura del procedimiento de remoción de la Dra. María Eugenia Capuchetti a su cargo como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, y hasta tanto ello suceda, se ordene su inmediata suspensión”.
LA ACUSACIÓN
La acusación consta de “la violación de la cadena de custodia del teléfono celular” de Fernando Sabag Montiel que terminó inutilizado. El aparato telefónico que tenía quien gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta quedó reseteado a modo de fábrica a pocas horas del ataque. “La sucesión de ‘irresponsabilidades’ (para evitar en esta instancia calificarlas de ‘acciones deliberadas’) de Capuchetti no se agotó con la vulneración de la cadena de custodia, el borrado y reseteo del teléfono, sino que además se extendió a su negativa a que el traslado material de la prueba más importante del intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación se concretara en condiciones de seguridad adecuadas, por parte de personal policial con conocimiento cabal de cómo debe actuar un auxiliar de justicia”, sumaron los denunciantes.
“Dentro del Juzgado Federal N°5, entre la madrugada y las 23 horas del día 2 de septiembre de 2022, mientras el dispositivo secuestrado a Sabag Montiel se encontraba en la caja de seguridad del juzgado, exclusivamente a cargo de la jueza, alguien decidió sacar ese sobre de la caja fuerte y luego de violar el lacrado manipuló el teléfono hasta echar a perder todo su contenido, sin que pueda encontrarse explicación o motivo alguno para que la jueza o cualquier funcionario y/o empleado a sus órdenes manipule de manera directa la prueba que se encontraba bajo resguardo”, sostuvieron.
Al tiempo que indicaron como “demostrativo del mal desempeño de su cargo” que “Capuchetti no labrara actuaciones al tomar conocimiento de semejante situación, no ordenara un sumario administrativo para deslindar responsabilidades respecto a cómo pudo aparecer abierto un sobre que se guardó cerrado en la caja de seguridad de su juzgado, haya dispuesto su traslado en esas condiciones a la PSA y todavía la sociedad argentina no cuente con las explicaciones de la propia jueza sobre lo ocurrido”. “En línea con la holgazanería demostrada en la investigación principal”, remarcaron, “prefirió sacarse el tema de encima rápidamente”.
El episodio del celular se investiga en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Servini. Esto es porque Capuchetti ordenó extraer testimonios de las actuaciones centrales cuando el celular de Sabag Montiel quedó reseteado. “Por la pérdida de la principal prueba, la verdad material completa en torno al intento de asesinato de la entonces Vicepresidenta no podrá ser conocida y el daño a la investigación es irreparable”, resaltaron los denunciantes.
Agregaron así que a pesar de la pérdida de una prueba clave para el proceso, como es el celular de quien intentó matar a CFK, la jueza “con total desprecio por la verdad material, clausuró parcialmente la instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. La evidencia destruida por responsabilidad de Capuchetti, fue la excusa procesal que le permitió a la jueza eludir la profundización de la pesquisa y evitar indagar sobre posibles autores intelectuales, instigadores y financistas del intento de magnicidio”.
Para los legisladores, Capuchetti, que fue designada por Mauricio Macri y tenía contacto con la ex SIDE antes de ser nombrada en el cargo, “no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella y de cualquier juez o jueza a cargo de un caso como éste”. Aseguran que tuvo “una desastrosa actuación funcional y al menos un desconocimiento de las funciones y responsabilidades de los magistrados”. En esa línea, señala que “verificamos que la jueza no cuenta con las condiciones de idoneidad y buena conducta que se exigen a los jueces para conservar su alto cargo”.
Por todo ello, reclaman que “de comprobarse que, efectivamente, se rompió la cadena de custodia respecto del teléfono celular del único imputado que tenía la causa para ese momento como consecuencia de la conducta irresponsable de la magistrada, quedará configurado el mal desempeño en el ejercicio de su función por impedir que se llegue a la verdad real”.
HECHOS “REPROCHABLES”
Los diputados consideraron que “existen diversos hechos reprochables en la actuación de la Dra. Capuchetti (…) que dan cuenta que en la causa reiteradamente omitió obrar con la debida diligencia y responsabilidad que requiere su cargo y ante un hecho de una gravedad institucional, política y social sin precedentes”. No obstante, indicaron que en la presentación que hacen ante el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el ministro supremo Horacio Rosatti, se concentrarán “en la irregularidad (o delito?) más grave hasta ahora conocida, que es la de haber posibilitado la destrucción de la principal evidencia probatoria de la causa, consistente en el borrado total del contenido del teléfono celular del autor material del hecho a pocas horas de su secuestro, como resultado de la falta de resguardo y la consecuente violación de la cadena de custodia de ese elemento”.
En su relato, los diputados recordaron que el celular de Sabag Montiel fue secuestrado el 1 de septiembre de 2022, al momento que se lo detuvo en la puerta del domicilio de la entonces vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta. El secuestro fue realizado “por el gabinete criminalístico de la Policía Federal Argentina (PFA) cumpliendo las medidas de rigor frente a un hecho de esas características y en presencia de testigos”. Luego, Sabag Montiel fue trasladado a una sede de la PFA y el celular al juzgado de Capuchetti, que estaba de turno. “Allí, la magistrada habría convocado a la sede del Juzgado a personal de la PFA para que realice la pericia de extracción de la información del teléfono celular secuestrado”, reconstruyeron los legisladores.
Esa misma madrugada, personal de la PFA realizó varios intentos para poder acceder al contenido del celular “pero no habrían logrado superar el patrón de contraseña que tenía Sabag Montiel en su teléfono. Por la información conocida, se sabe que se habría logrado extraer datos de una tarjeta de memoria y del chip de la tarjeta SIM, pero no habrían podido acceder al contenido del teléfono donde está Whatsapp, Telegram y, eventualmente, cualquier otra información o aplicación de mensajería que pudiera tener Sabag Montiel”. “Se supo luego, y ante el fracaso de la diligencia llevada adelante por la PFA, que la noche siguiente al atentado, es decir el día 2 de septiembre aproximadamente a las 23 horas, la jueza Capuchetti decidió remitir el teléfono celular secuestrado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que contaba con un software más actualizado para intentar lograr penetrar el teléfono de Sabag Montiel”, añadieron.
Según los denunciantes, Capuchetti “había sido advertida de estas cuestiones cuando tomó la decisión de darle intervención a la PFA, porque varios de quienes se encontraban presentes en el Juzgado al momento de concretarse esta situación, conocían que la fuerza de seguridad que contaba con el equipamiento más adecuado para la tarea de acceder al celular secuestrado era justamente la PSA. Sin embargo, Capuchetti hizo caso omiso a estas advertencias y así fue que la diligencia concluyó no sólo en un sonoro fracaso sino en algo mucho peor: el borrado completo del contenido del celular”.
El teléfono de Sabag Montiel llegó a la sede de la PSA ubicada en Ezeiza “encendido y con un mensaje de error fatal en el sistema operativo, y adentro de un sobre abierto, prueba cabal de la vulneración de la cadena de custodia”. “A ese momento, la responsabilidad por la violación del protocolo de cuidado de efectos le cabía a la jueza Capuchetti por ser quien estaba a cargo del teléfono en el momento en que ocurrieron las irregularidades”, resaltaron los diputados de UxP. Por eso los legisladores apuntan a la jueza.
En la presentación señalaron que el sobre con el celular “se guardó aproximadamente a las 7 horas de la mañana del 2 de septiembre de 2022 en la caja fuerte del juzgado y a las 23 horas del mismo día fue llevado de manos de la custodia personal de la Dra. Capuchetti a la policía de seguridad aeroportuaria con la cadena de custodia rota, el sobre abierto y el teléfono reseteado de fábrica.” Agregaron que la mujer de la PFA “que transportó el material firmó un acta de recepción a pedido del personal de la PSA que advirtió la irregularidad, y no consta en dicho documento ninguna objeción ni mucho menos alguna alusión a que le haya llamado la atención la forma, modo y condiciones bajo las cuales concretó el traslado”.
Para los diputados fue “sumamente irregular, poco profesional y de una enorme imprudencia, que Capuchetti eligiera a su custodia personal -una agente de la PFA sin ninguna experiencia en estas cuestiones- para trasladar el aparato desde la sede de su juzgado a la PSA, que además lo hizo de manera solitaria y en el automóvil que utiliza la jueza para desplazarse”.
Para los denunciantes, la pérdida de la principal prueba que podía tener el caso “obturó la posibilidad de avanzar sobre los vínculos de la familia Caputo (Caputo Hnos. S.A), uno de cuyos miembros es el Ministro de Economía Luis Andrés Caputo, con los autores materiales del magnicidio, teniendo en cuenta que ya se comprobó en otra investigación (que Capuchetti se negó sistemáticamente a unificarla con la suya) que esa familia/grupo económico financió a Revolución Federal, otra organización política violenta que también tenía como objetivo el homicidio de Cristina Fernández de Kirchner”. Caputo Hermanos es una empresa de los hermanos del actual ministro de Economía. De acuerdo a los diputados, el reseteo del celular también evitó “desentrañar qué rol tuvo el diputado nacional Gerardo Milman, entonces mano derecha y jefe de campaña de la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich, hoy Ministra de Seguridad de la Nación, del que no solamente hay suficientes indicios para involucrarlo en la investigación sino que además se encuentra probado que borró el contenido de su celular y el de sus asesoras luego que apareciera una pista que indicaba que Milman conocía de antemano que se iba a ejecutar un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner”.
Dos días antes del atentado un testigo escuchó decir a Gerardo Milman en el bar Casablanca ubicado frente al Congreso: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa". El diputado estaba con dos de sus asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.
En esa línea, este miércoles cuando declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, Cristina Kirchner enfatizó que “este juicio es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, los financiadores”. “Creo que el Poder Judicial, lo que considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver con el atentado”, agregó sobre el final de su testimonial.
Al día de hoy se espera un peritaje para intentar rescatar la información que hay en el celular de Sabag Montiel. La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General, iba a realizar el peritaje este martes, en el marco del juicio por el atentado luego de una prueba exitosa en un celular similar pero una comunicación del Estado de Israel en instrucción llevó a la querella a pedir la suspensión del estudio. Israel informó que tomó nota de una solicitud que hizo la querella para prestar colaboración para intentar extraer o recuperar la información del celular por lo que los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Ubeira, prefirieron esperar. Entienden que el procedimiento en el exterior puede ser más seguro.
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