Este flagelo no solo revela la brutalidad de los crímenes, sino también las fallas en el sistema de justicia y protección que deberían garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas.
Durante los primeros siete meses de 2024, el país registró 168 femicidios, tres de ellos clasificados como lesbicidios y dos como trans-travesticidios, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano". Este reporte destaca que 178 hijos e hijas quedaron sin madre, con el 58 % de ellos siendo menores de edad.
Asimismo, también detalló que el 56 % de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, lo que pone en evidencia la trágica realidad de la violencia doméstica y la dificultad de escapar de una relación abusiva.
De acuerdo al Observatorio, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia sigue siendo su propio hogar o el hogar compartido con el agresor, ya que el 58 % de los femicidios ocurrieron en estos entornos.
En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires se mantiene como la provincia con mayor número de femicidios en lo que va del año, con 58 víctimas. Le siguen Santa Fe con 15 casos, Chaco con 11 y Córdoba con 7.
El análisis no solo presenta estadísticas, sino que también critica severamente el actual Gobierno nacional por el "terrible retroceso" en las políticas de género. El cuestionamiento se centra en una narrativa gubernamental que considera la inversión en prevención y asistencia como un gasto innecesario, lo que, según el documento, ha llevado al desmantelamiento de organismos clave y a una falta de urgencia en la implementación de políticas públicas efectivas.
El panorama es aún más preocupante cuando se consideran los datos de 2023. En ese año, se registraron 250 víctimas directas de femicidios, un aumento del 10,6 % respecto a los 226 casos del año anterior. Aunque estas cifras están por debajo del pico de 260 víctimas en 2019, el incremento en los casos en comparación con el año anterior refleja una tendencia que parece no tener fin.
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) reveló que en 2023 se analizó un total de 246 causas judiciales, que incluyeron no solo los femicidios directos, sino también 22 casos de femicidio vinculado, elevando el total de víctimas letales de violencia de género a 272. Entre las víctimas de ese año, 245 eran mujeres cis y 5 eran trans/travestis. Estas personas dejaron atrás al menos 219 hijos e hijas que podrían beneficiarse de la Ley 27.452, destinada a proporcionar reparaciones económicas a los hijos e hijas de víctimas de femicidio.
La edad promedio de las víctimas directas fue de 38 años, con más de una cuarta parte de ellas teniendo entre 25 y 34 años. Además, un 93% eran argentinas y muchas de ellas presentaban condiciones de interseccionalidad, como migración, problemas de salud mental, situación de prostitución y discapacidad. También se conoció que al menos 32 víctimas habían estado desaparecidas o extraviadas, con tres de ellas aún desaparecidas a la fecha del informe.
De acuerdo al reporte, el 88 % tenía algún vínculo con el agresor, ya sea como pareja, expareja o familiar, y un 44 % de los casos presentaban antecedentes de violencia de género. A pesar de la existencia de medidas de protección en algunos casos, muchas continuaron enfrentando violencia hasta su muerte. En relación a los agresores, el 27% de ellos tenía un consumo problemático de sustancias y al menos 17 pertenecían a fuerzas de seguridad.
En 2023, los femicidios se concentraron en horarios específicos y días de la semana. Los ataques se produjeron con mayor frecuencia durante las últimas horas de la noche (28 %) y la madrugada (27 %). Los fines de semana también mostraron un patrón preocupante, con un aumento notable en los femicidios: el 16 % ocurrieron el viernes, el 14 % el sábado y el 20 % el domingo.
Respecto a los métodos utilizados, las armas blancas y la fuerza física fueron los medios más comunes, ambos representando el 26 % de los casos, mientras que el 21 % involucraron armas de fuego. Un cuarto de las armas de fuego empleadas estaban legalmente registradas, una tendencia consistente con estudios previos sobre la relación entre armas y femicidios. Cabe destacar que, a finales del año pasado, el 15 % de las 246 causas judiciales habían sido archivadas, el 82 % seguían en proceso judicial y casi el 3 % habían concluido con condenas.
Denuncias por violencia de género
En el contexto de la violencia de género en Argentina, las denuncias juegan un papel crucial en la identificación y resolución de los casos. A lo largo del primer trimestre de 2024, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 2.417 denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De estas, casi el 50 % involucraron a personas que denunciaron a sus parejas o exparejas. En específico, el 71 % de las denuncias fueron realizadas por exparejas, el 26 % por parejas convivientes o cónyuges, y el 3 % por novias/os.
La Línea 144, un recurso vital para la asistencia a víctimas de violencia de género, también ha sido fundamental en la respuesta a estos casos. Entre enero y junio de 2023, la línea recibió 9.976 llamadas, de las cuales más del 63 % se debieron a violencia física. Este servicio, disponible las 24 horas y de forma gratuita, ofrece apoyo, orientación y asesoramiento a nivel nacional. Desde su creación hasta mediados de 2023, la línea había gestionado casi 90 mil llamadas, evidenciando la alta demanda de servicios de apoyo.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria para políticas de género ha experimentado una significativa reducción. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otros organismos, el gasto en programas relacionados con la violencia de género disminuyó en un 65% durante los primeros dos meses de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Este recorte afecta directamente a programas cruciales como el Acompañar y la Línea 144, que son esenciales para brindar asistencia a las víctimas.
Para denunciar casos de violencia de género, las víctimas también pueden recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica o a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están disponibles la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia y el Centro de Justicia de la Mujer. Estos mecanismos de denuncia son fundamentales para garantizar que los casos de violencia sean investigados y que las víctimas reciban el apoyo necesario.
Cabe señalar que la Ley Vigo, aprobada por unanimidad en el Senado en 2022, ha sido un avance importante en la protección de las víctimas. Esta legislación exige que las obras sociales, prepagas y mutuales provinciales incluyan la asistencia integral para la violencia de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El programa cubre una gama completa de tratamientos necesarios, incluyendo terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas y quirúrgicas, garantizando que las víctimas reciban la atención adecuada, algo importante para quienes pasan por esta terrible situación.
Publicar un comentario