Refirió que la acción jurídica promovida por la Fiscalía responde a una denuncia interpuesta previamente por el congresista Jorge Montoya (Renovación Nacional, derecha), en la que se le imputaba incitar disturbios y conspiración para rebelión, sedición o motín.
De igual forma la militante aseguró que la acusación se debe a su respaldo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas por la represión y por haber invocado la insurgencia ciudadana.
En este sentido, Mendoza aclaró que el derecho a la insurgencia de la ciudadanía está reconocido en la actual Constitución, en el artículo 46, el cual expresa que “nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, ni a leyes espurias”.
Añadió que el derecho a la protesta también está respaldado por la Constitución y las leyes internacionales. “Que no nos hagan creer lo contrario”, aseveró.
En relación a los lazos entre el Ejecutivo y el Congreso para mantenerse en el poder, aseguró que “es cierto que esta coalición mafiosa está criminalizando a quienes ejercen su legitimo derecho de protestar, y quizás el caso actual más grave sea el de cuatro jóvenes de la comunidad campesina de Cuyo Grande en Pisac Cusco, que hoy están en la cárcel por haber salido a protestar”.
También agregó que “delincuentes, mafiosos y asesinos, hacen de las suyas en las calles, pero también en el Gobierno y el Congreso”.
“Pero eso no significa que criminalizar la protesta sea legal, todo lo contrario por eso debemos denunciarlo”, reiteró la militante de Nuevo Perú. “Queremos paz, sí, pero no con balas y represión, queremos paz con justicia e igualdad” recalcó.
Anteriormente, la líder de izquierda cuestionó la politización de la Policía peruana y su uso en la represión. “No solo es inconstitucional y sumamente peligroso que la Policía Nacional del Perú ( PNP) se politice; también es indigno que quienes persiguen, reprimen y matan se presenten como abanderados de la paz” denunció en la red social X.
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