La entidad bursátil advierte que el aumento no se ajusta al contrato de concesión. La UIA alerta por el impacto en las cadenas productivas.
La entidad bursátil y el Círculo Rojo de la hidrovía, representado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), cuestionan el tarifazo a los barcos cargueros por considerar que tienen como objetivo saldar las facturas de dragado y balizamiento que están impagas desde el año pasado y afrontar las obras mínimas de ampliación que requiere la Vía Navegable Troncal (VNT).
"Si bien siempre impulsamos mejoras en la VNT que sean ambiental y económicamente sostenible; en este caso el aumento del peaje que se derivará de una mayor profundización no implicará ningún beneficio económico que se refleje en un ahorro en el costo por tonelada transportada, que es lo que finalmente impacta en la competitividad del comercio exterior de nuestro país”, señalaron desde la entidad presidida por Miguel Simioni.
En su presentación, CIARA y el CEC afirmaron que el análisis de los documentos presentados por la AGP en la consulta pública revelan que "la adecuación tarifaria se basa en cifras aproximadas, contradictorias y en razones ignotas”.
El rechazo a la actualización de los peajes fluviales -que llevará la tarifa básica actual para los tráficos internacionales de USD 3,06 a USD 4,98 por Tonelada de Registro Neto (TRN) y de $3,06 a $824,80 por TRN para las cargas de cabotaje- quedó expuesto en las presentaciones que realizaron las entidades en la consulta ciudadana que habilitó la Administración General de Puertos (AGP) para opinar sobre la revisión tarifaria.
Al igual que otras audiencias públicas por actualizaciones tarifarias en servicios públicos, la consulta ciudadana convocada para los peajes de la hidrovía no tiene carácter vinculante y, en la práctica, constituye un mero formalismo para cumplir con la normativa vigente.
Para justificar los aumentos, la AGP argumentó que desde 2014 no se actualizan los peajes en dólares y que “resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de navegabilidad y equilibrar la ecuación en vistas a no detener la operación por falta de pago a los contratistas y poder seguir haciendo frente a las obligaciones tendientes a mantener y mejorar la calidad, el nivel de prestaciones y la profundidad de la vía navegable”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) también se manifestó en contra de los aumentos en el comercio fluvio-marítimo. Lo hizo durante una audiencia pública celebrada en la que aseguró que tiene un efecto directo en los costos de flete, que afectan la competitividad de las exportaciones argentinas y los costos de los insumos importados necesarios para la operación de las cadenas de valor.
Los representantes de la UIA indicaron que “en un contexto global de alta competencia que exige mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales, medidas como ésta atentan contra la competitividad del desarrollo industrial argentino”.
“La tarifa propuesta por la AGP podría incrementar todos los costos de importación y exportación de graneles en más de un dólar por tonelada y los costos de los contenedores de importación y exportación en valores que oscilarán entre los US$ 60 y US$ 85 extra”, indicó la entidad.
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