Tras el sinsabor que provocó en el Gobierno el rechazo al DNU que le giraba $ 100 mil millones a la SIDE en conceptos de gastos reservados, el peronismo y el radicalismo hicieron valer su número en la Cámara alta sancionaron la ley de movilidad jubilatoria.
La iniciativa establece un ajuste mensual por inflación que se calculará a partir del último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Asimismo, contempla a una compensación del 8,1 %, ya que el Gobierno otorgó un 12,5 % que no llega al 20,6 % de suba de precios de enero, además de una cláusula gatillo si los salarios superan a la inflación.
“No tenemos que dilatar más esto, la situación de 7 millones de jubilados es de emergencia, no pueden pagar sus medicamentos. Seamos conscientes y resolvamos esto hoy”, expuso el senador de Unión por la Patria, José Mayans.
En la misma línea, el radical Víctor Zimmermann expresó: “De la misma manera que con este proyecto le estamos dando alguna recomposición a los haberes previsionales y las pensiones, también quiero darle alguna posibilidad de mejor prestación de servicio a través de nuestras cajas a nuestros jubilados provinciales”.
¿Posible veto?
En reiteradas apariciones públicas, el presidente Javier Milei dijo que vetaría una iniciativa que implique aumentar el gasto. Por estas horas, se deconoce qué decisión adoptará el mandatario al momento de la reglamentación.
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