Estados Unidos y su alianza nord atlantista ha bloqueado por más de una década la posibilidad de producción y explotación soberana de hidrocarburos en Venezuela, principal productor mundial del recurso. En simultáneo ha desplegado una estrategia políticamente injerencista, atacando la administración de Nicolas Maduro en los espacios de concertación internacional, mientras financió y promulgó la legitimidad de maniobras militares y paramilitares, hasta ahora sin el éxito esperado, pero con capacidad de desestabilización política.
Sin embargo, el escenario electoral de este domingo 28 presenta la novedad de la participación de la oposición política, con la conformación de una gran “unión democrática” que aspira a quedarse con el ejecutivo, a como dé lugar. El sector de Edmundo Gonzalez y Corina Machado, sin ir más lejos, se negó a firmar el acuerdo preelectoral y declaró abiertamente que reconocerá “la verdad” en lugar de los resultados de los comicios, algo que parece no alertar a la prensa internacional.
El proceso electoral como campo de batalla
A lo largo de los años, la oposición venezolana y actores internacionales han llevado adelante un plan sistemático para influir en los procesos electorales y desestabilizar la revolución bolivariana; desplegado en varias etapas, con más intensidad desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y empleando diferentes tácticas, tales como la abstención electoral, el rechazo de resultados y la apelación a medidas extremas para provocar crisis internas. En este sentido es válido un breve recuento histórico para desmontar el falso argumento de persecución política contra dirigentes de la oposición.
Las elecciones presidenciales de 2013 fueron convocadas tras la muerte de Hugo Chavez. Se presentaron a la elección el Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba la elección de Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), designado por el fallecido líder, y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski, del partido Primero Justicia. Capriles, gobernador del estado Miranda y candidato opositor, rechazó los resultados y exigió un recuento. El por entonces Diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló que la derecha había planeado no reconocer el resultado, una táctica que se alineaba con una estrategia de desestabilización coordinada desde el exterior.
En 2014, la oposición, liderada por Leopoldo López y María Corina Machado, utilizó el eje de la inseguridad para movilizar protestas, creando un clima de desestabilización social que duró varios meses; la violencia y las manifestaciones se convirtieron en una herramienta para deslegitimar al gobierno y presionar a la comunidad internacional. La calle durante el 2014 fue el escenario de múltiples movilizaciones tanto opositoras como de las fuerzas chavistas que salieron a defender y sostener la revolución Bolivariana.
A lo largo de 2015, las elecciones parlamentarias fueron motivo de un cambio de estrategia con una oposición que finalmente decidió participar, a pesar de haber cuestionado la transparencia del proceso. La negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a aceptar observadores de la OEA y la ONU también reflejaba un punto de fricción entre el gobierno y la oposición.
En 2017, la oposición boicoteó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), alegando fraude, mientras que el PSUV ganó la mayoría de las gobernaciones en las elecciones regionales. La alianza opositora MUD denunció prácticas fraudulentas y la influencia de Nicaragua en el proceso electoral, buscando apoyo internacional para deslegitimar los resultados., una vez más.
La reciente escalada de tensiones en Venezuela en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sigue en línea con los intentos sistemáticos de desestabilización. Las acusaciones de voceros gubernamentales, sobre sabotaje, como la reciente explosión en una tubería de gas en Anzoátegui o la denuncia realizada por María Corina Machado sobre atentados contra su equipo, ponen en evidencia la estrategia diseñada para sembrar miedo y conflictuar el ambiente electoral.
Machado, la cara visible de este último hecho, del partido opositor Vente Venezuela, se encuentra inhabilitada por la justicia venezolana desde el año 2021 para ejercer cargos públicos por 15 años por su probada participación en actos de corrupción ocurridos durante el autoproclamado gobierno interino de Guaidó. La trama de corrupción en la que la líder opositora participó, propició el despojo de empresas estatales en el exterior, por un valor de 34.000 millones de dólares.
Pero además, Machado fue juzgada por apoyar el bloqueo extranjero a la economía venezolana y pedir una intervención militar extranjera, al tiempo que en 2014 se autoproclamó representante de su país ante la OEA con el sostén de Panamá. De hecho, su historia de oposición radical y desestabilizadora se remonta al golpe de estado del 2002 contra Chavez, cuando firmó junto a otros miembros de la oposición el decreto emitido por Pedro Carmona Estanga, que suprimía el orden constitucional y removía de sus cargos a funcionarios, electos legítimamente.
Dos años después, desde la ONG Súmate impulsó un referendo revocatorio en contra del gobierno bolivariano y en 2014 promovió la campaña denominada “La Salida” para la destitución de Maduro, junto a otro de los candidatos en estos comicios. Machado además de transferir sus votos a González, es una de las responsables de que la Plataforma Unitaria Democrática no firmara el acuerdo de todas las fuerzas políticas para reconocer la validez de la información oficial del CNE venezolano, tras el escrutinio. El otro candidato, entre los 10 que pelean el Ejecutivo, que tampoco firmó fue Enrique Márquez.
El ex diputado y exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa Digital está en carrera. Ceballos fue detenido ese año por incitar a la violencia y pasó cuatro años preso, hasta ser excarcelado en 2018 por decisión de Maduro y en enero de 2024 recuperó sus derechos políticos en virtud del Acuerdo de Barbados.
Vale recordar que tanto Machado como Ceballos estuvieron implicados en las guarimbas, un modus operandi de la extrema derecha venezolana en las calles para implantar el terror con el cierre arbitrario de calles, quema de basura, agresiones a militantes chavistas con objetos contundentes, alambres dispuestos a la altura del cuello para decapitar transeúntes y disparos a quemarropa. El saldo de esas guarimbas en 2014, fue el asesinato de 43 ciudadanos y miembros de la fuerza pública en todo el país, que en la mayoría de los casos recibieron disparos en el rostro por tratar de quitar las barricadas.
La derecha y ultraderecha venezolana no escatima operaciones, e incluso, las usa una y otra vez. En esta oportunidad el gobierno denunció numerosos planes desestabilizadores, incluidos ocho intentos de magnicidio, el ingreso de sicarios colombianos al país, un sabotaje eléctrico, entre otros.
El arco opositor, con sus matices, formalmente encabezado por Edmundo González y conducido políticamente por la inhabilitada Machado, ha intensificado su campaña para desacreditar el proceso electoral. Las denuncias de hostigamiento y represión, presentadas como preocupaciones genuinas, forman parte del plan para cuestionar la legitimidad de las elecciones, a pesar del Acuerdo de Barbados y así preparar el terreno para no aceptar los resultados desfavorables para ellos.
No solo buscan desviar la atención de los logros de la Revolución Bolivariana, sino también fomentar la desconfianza en la democracia participativa construida en Venezuela y en sus instituciones de poder popular, fuertemente articuladas en barrios y comunidades rurales comuneras. La República Bolivariana registra más de 49 mil 178 consejos comunales y tres mil 640 comunas, que son los órganos de la construcción de democracia participativa y popular.
Recientemente, a finales de abril la sociedad participó ampliamente de una consulta popular a nivel comunitario en todo el país, para decidir sobre la financiación de proyectos que serán ejecutados y gestionados por las organizaciones comunales, como ejemplo de la autodeterminación y organización política para la administración de los problemas comunes, con participación del Estado.
La trayectoria de estos hechos sociales es la selectivamente invisibilizada en los medios de comunicación occidentales, por el cuestionamiento que supone al sistema capitalista una forma de vida comunal-comunitaria con centralidad en la soberanía y la distribución de la riqueza, en tanto célula del socialismo del S.XXI bolivariano. Después de tantos años, el imperialismo sigue arrodillándose ante el poder popular venezolano, a pesar de todo.
Es el mismo pueblo que salió de la pobreza a partir de la redistribución histórica de la renta petrolera antes del bloqueo, el que va a las urnas este domingo por la reelección del presidente obrero, Nicolas Maduro. El escenario del jueves 25 de julio combinó cierres de campaña con ríspidas declaraciones cruzadas de Maduro y mandatarios y exmandatarios progresistas de la región como Lula Da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Alberto Fernandez. Los tiempos de la integración con una perspectiva nuestroamericana soberana, han quedado atrás.
Sin embargo, la presencia de múltiples observadores internacionales y las auditorías realizadas por el Consejo Nacional Electoral que anunció la activación del Plan República que trabajará con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para el resguardo y la seguridad del material electoral, demuestran un compromiso con la transparencia y la justicia del proceso electoral. A ello, se suma la participación de los testigos electorales de la oposición, inscritos ante el CNE para monitorear las 30.026 mesas de votación de todo el territorio nacional.
Nicolas Maduro cerró su campaña con una gran movilización popular y evento cultural en Caracas, luego de haber recorrido más de 400 localidades en todo el país, transmitido por YouTube y redes sociales. Por su parte González, con su familia, junto a Machado encabezaron un acto también en una de las avenidas principales de la ciudad capital y lo transmitieron en sus propios canales de medios y redes digitales.
La tierra de la revolución bolivariana, su pueblo consciente y organizado, que a fuerza de sostener sus redes comunales de solidaridad y cooperación y sus espacios de deliberación política ha resistido con valentía y recrea cotidianamente la posibilidad de vivir en democracia participativa, luchando por su soberanía y defendiendo su dignidad de hombres y mujeres libres. Resta saber si la derecha venezolana es capaz de respetar la voluntad popular o acudirá a las oficinas de Washington y el concierto internacional para buscar imponer “su verdad”, una vez más.
*Nodal
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