Se trata de la legisladora cordobesa que se volvió viral por una particular foto que publicó desde su despacho y que reavivó la polémica en torno al criterio utilizado el año pasado por La Libertad Avanza para confeccionar las listas electorales.
El modus operandi desplegado por Ponce funcionaba de la siguiente manera: exigía a sus asesores que le envíen hasta $ 500 mil de sus respectivos salarios que orillaban los $ 700 mil.
Para garantizarse el cobro indebido, la legisladora cordobesa amedrentaba a los integrantes de su equipo de trabajo bajo la amenaza de despedirlos.
Sin embargo, y para su desdicha, la maniobra salió a la luz y fueron los propios asesores quienes revelaron lo que acontecía.
Según relataron, el cobro de retornos de los sueldos por parte de Ponce comenzó luego de que asumiera su banca el 10 de diciembre. Apenas los asesores firmaron los correspondientes contratos, la legisladora se lanzó a hacer caja con dinero ajeno.
Incluso, poseen capturas de pantalla de las transferencias que debían hacerle a su jefa política. También conversaciones de chats de WhatsApp.
Pese al escándalo, Ponce mantiene el silencio. Si bien realiza publicaciones en redes sociales, evita hacer referencia alguna a las gravísimas acusaciones en su contra.
La maniobra de corrupción pega de lleno en la línea de flotación libertaria y echa por tierra las bases del discurso impoluto con el que Milei llegó a la Casa Rosada, prometiendo terminar con la casta y sus vicios.
En el Gobierno se aferran al hermetismo, a la espera de que el tema desparezca de la agenda como por arte de magia.
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