El pasado 28 de junio la jueza panameña Baloísa Marquínez absolvió a 28 imputados por el delito de blanqueo de capitales en el caso “Panama Papers” al considerar que la Fiscalía del Ministerio Público no logró aportar elementos concluyentes que vincularan a estas personas por haber actuado con conocimiento de que los fondos alojados en el país provinieran de actos ilícitos.
Esta decisión tiene lugar 8 años después de que el escándalo denominado como Papeles de Panamá estallara a nivel internacional en el año 2016 focalizando la mirada en la creación de sociedades bajo el sistema jurídico del país centroamericano y tras la filtración de 11 millones de documentes del bufete de abogados Mossack & Fonseca.
Además, la investigación tuvo impacto sobre más de 600 trabajadores nacionales e internacionales de la firma.
Y las repercusiones, de acuerdo con la mirada distintos abogados, han ido más allá del bufete y de sus colaboradores.
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