“Johnson dijo que si se permite que la CPI amenace a los líderes de Israel, entonces sabemos que Estados Unidos será el próximo. Nuestra respuesta es: ¡Por supuesto!”, remarcó Pandor durante una audiencia en una mezquita en Ciudad del Cabo mientras se había puesto una keffiyeh a cuadros blancos y negros y hablaba frente a una bandera palestina.
La alta funcionaria sudafricana advirtió que “los Estados y funcionarios que proporcionen asistencia militar y financiera a Israel” en la guerra contra los palestinos en Gaza “también estarán sujetos a procesamiento”.
En solidaridad con el pueblo de Rafah en medio de la ofensiva israelí, Pandor aseveró: “Me gustaría estar al lado de los hombres y mujeres de Rafah. Aquí es donde siento que debería estar”.
Pandor confirmó que un grupo de 140 abogados internacionales están trabajando actualmente en la presentación de una demanda colectiva contra no israelíes, incluidos sudafricanos, que sirven en el ejército israelí.
El 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Jan, anunció que iba a solicitar una orden de arresto contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el marco del Estatuto de Roma de la Corte en el contexto de la actual guerra del ente sionista contra Gaza.
Con anterioridad, Sudáfrica había presentado una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. En enero, el máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya ordenó al régimen israelí que detuviera su genocidio en el enclave, como parte del mismo caso presentado por el país africano.
El 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia emitió otra orden, exigiendo a Israel detener “inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, ciudad ubicada en el extremo sur de Gaza, que alberga a cientos de miles de desplazados palestinos.
Sudáfrica pidió a la CIJ que emitiera esta decisión como una medida de emergencia, aseverando que las acciones del régimen de Israel en Rafah constituyen una operación “genocida” y amenazan la supervivencia del pueblo palestino.
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