Este proyecto legislativo ha suscitado fuertes críticas tanto de los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta como de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte que su aprobación sería un acto de desacato al permitir la prescripción de delitos graves como tortura, desapariciones forzadas y homicidio anteriores al año 2002.
Si llegara a ratificarse, esta medida podría beneficiar al expresidente Alberto Fujimori y a su ex asesor Vladimiro Montesinos, ambos condenados por masacres y genocidios.
Familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta han instado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir para impedir la aprobación de la ley de amnistía, argumentando que podría resultar en la impunidad de cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Según los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, esta ley de amnistía que pretende evitar que se juzguen los delitos cometidos entre 1980 y 2002, favorece específicamente a Alberto Fujimori y a los miembros del Grupo Colina.
La Junta de Fiscales Supremo, así como otras autoridades también se han pronunciado en contra de esta ley, pues consideran que es "inviable jurídicamente" y porque los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles.
El Ejecutivo dejó en claro que no intervendrá ante la aprobación de esta ley de amnistía, ya que considera que quebraría el equilibrio de la función pública.
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