La medida se adoptó con el argumento de no debilitar a los mandos de la institución, tras el asesinato reciente de tres miembros de esa policía militarizada, y fue apoyada por el Organismo Ejecutivo que encabeza el presidente Gabriel Boric.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora, dijo que “lamentamos lo sucedido respecto de los tres carabineros, pero eso no debiera inhibir a la justicia de realizar las acciones necesarias para quienes fueron violentados en el estallido”.
El entonces gobernante Sebastián Piñera declaró que el país estaba en guerra y la represión de los órganos de seguridad dejó alrededor de 30 muertos y más de tres mil heridos, de ellos 460 con trauma ocular derivado de disparos de escopeta al rostro de los manifestantes.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se presentaron tres mil 216 denuncias a favor de tres mil 777 víctimas, entre ellas dos mil 252 por apremios ilegítimos, 582 debido a torturas y 223 a violencia innecesaria.
Durante el levantamiento popular el general Yáñez ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad de Carabineros, donde se tomaban las decisiones sobre cómo enfrentar las protestas, por lo que la responsabilidad por los excesos perpetrados recae sobre él.
A propósito del triple asesinato contra los policías, los tribunales decidieron aplazar del 7 de mayo al 1 de octubre la formalización de cargos en su contra.
“La justicia no puede operar de manera diferenciada, no puede ser para unos de una forma y para otros, simplemente impunidad”, lamentó Marta Valdés, quien criticó, asimismo, la actitud del Gobierno de respaldar ese receso.
Añadió la dirigente que Chile es un país de memoria corta y simplemente se quiere olvidar lo que sucedió con las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular.
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