“Cada vez que la leo, y eso que la leí, encuentro una cosa nueva”, aseguró el senador radical. El abogado Carlos Nielsen Enemark advirtió sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo e hizo hincapié en las graves consecuencias que tendría la aplicación del “silencio administrativo negativo”.
Desde la oposición más dura de Unión por la Patria hasta el mismo radicalismo, a quien legisladores con mandato cumplido solicitaron no acompañar la iniciativa libertaria en una carta abierta, pidieron no apurar el debate.
“Cada vez que la leo, y eso que la leí, encuentro una cosa nueva”, sostuvo el radical Martín Lousteau y apuntó contra el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo, y el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales, que calificó como “escandaloso”.
El tratamiento se centró en la advertencia de artículos del proyecto que están pensados para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados. En ese punto, se volvió a apuntar contra el RIGI y también a la posibilidad de que se habiliten negocios inmobiliarios de privados con bienes del Estado.
La exposición del abogado Carlos Nielsen Enemark hizo eje en la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, puntualmente en “el silencio administrativo negativo” que es la figura jurídica que se produce cuando una administración pública no responde a una solicitud dentro del plazo establecido por la ley.
dias atrás, el senador Oscar Parrilli advirtió que la ley agrega un inciso que dice que cuando una norma exija una autorización, el silencio implica sentido positivo en lugar de negativo, cómo ocurre actualmente. «¿Qué significa en la práctica? Ganarle al Estado sin necesidad de hacer juicio»,
En ese punto, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, consultó si ese artículo habilitaría, por ejemplo, a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta por 60 días. «Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?», le preguntó al especialista. «Si, en los términos del artículo sí», respondió el letrado.
Y es que Nielsen Enemark advirtió que “esta ley, de ser aprobada, va a sufrir cuestionamientos (judiciales) de toda índole. Hay consecuencias patrimoniales graves para el Estado que no son posibles de mensurar. Los que tienen posibilidad de actuar contra el Estado son las grandes corporaciones”.
Régimen a contramano
En lo que respecta al Régimen de Inclusión de Grandes Inversiones (RIGI), desde la oposición volvieron a cuestionar que no promueve en lo más mínimo el desarrollo nacional, sino que genera industricidio, no piensa en la cadena de valor existente y ni siquiera la refuerza. “Este régimen de inversión va a contramano de los del resto del mundo. No hay una Argentina que se desarrolle con esta ley, no existe posibilidad”, aseguró Di Tullio.
Expositores como Gustavo del Boca, del sector metalúrgico de Córdoba, defendieron la propuesta: “Este esquema de incentivos es lo que necesitamos porque nos traerá inversiones que traerán trabajo”, pero señaló que debe ser “virtuosa y tener la industria nacional defendiéndola, no creando asimetrías que distorsionan nuestra capacidad de competencia”.
“Lo importante es que el RIGI no genere distorsiones competitivas y eso va a ocurrir si fuera aplicado al mercado interno o las importaciones de manufactura de origen nacional”, manifestó y propuso que el RIGI sea restringido en sus beneficios solamente a proyectos de exportación y no incluya manufactura de origen industrial. “
Su par Gastón Utrera propuso añadir un artículo que limite los incentivos del RIGI a proyectos de exportación y en casos de importación que esos beneficios sean en proporción a la participación de exportaciones en la actividad total. También propuso sumar un artículo que extienda los beneficios relacionados con la importación de grandes proyectos a los potenciales proveedores locales de las grandes inversiones.
El docente universitario de la UBA y exsecretario de energía de la Nación, Juan José Carbajales indicó que la ley “en materia de hidrocarburos rompe con una regla de cinco décadas que es prioridad de abastecimiento del mercado interno”. Asimismo, propuso “mejorar las empresas públicas y no privatizarlas”.
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