Según la prensa brasileña, uno de los arrestados es Robson Calixto da Fonseca, conocido como «Peixe», quien era asesor de Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río y que fue detenido el pasado 24 de marzo. Por otro lado, la policía ejecutó una orden de prisión preventiva contra, Ronald Alves de Paula, también conocido como «Mayor Ronald», quien estaba recluido en la cárcel federal de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Este último sería el antiguo líder de un grupo parapolicial en el barrio de Muzema, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.
Las detenciones se produjeron luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un documento ante el Supremo Tribunal Federal (STF), incluyendo los nombres de Peixe y Ronald entre los imputados por el crimen. Además, el documento denuncia a Domingos y «Chiquinho» Brazão, junto Barbosa, como los principales sospechosos de estar detrás del asesinato de la activista.
La defensa
En un comunicado recogido por la Agência Brasil, la defensa del diputado «Chiquinho» Brazão señaló que aún no tuvieron acceso a la denuncia presentada por la PGR, ni conocen aún los términos de los alegatos del caso. “Por tanto, todavía no es posible emitir un juicio de valor sobre las acusaciones. Hablaremos tan pronto como el relator del caso permita a la defensa conocer todos los elementos producidos por la investigación”, indicó la defensa.
La Cámara Baja de Brasil decidió el mes pasado, con 277 votos a favor, 129 en contra y 28 abstenciones, mantener la prisión decretada por un juez de la Corte Suprema contra «Chiquinho» Brazão, fundamentada por supuestamente obstruir a la justicia dentro de una organización delictiva. De acuerdo al artículo 53 de la Constitución brasileña, es responsabilidad de las cámaras legislativas decidir si la orden de detención sobre uno de sus miembros debe mantenerse o revocarse. Estos solamente pueden ser arrestados mientras están trabajando si cometen un delito evidente y que no permite pagar una fianza.
Los abogados Marcelo Ferreira y Felipe Dalleprane, que representan a Barbosa, también manifestaron que aún no tuvieron acceso al documento de la PGR y agregaron que les causó sorpresa el hecho de que ninguno de los investigados fuera escuchado antes de la denuncia. «Es un total agravio a la decisión del ministro Alexandre de Moraes, que había ordenado la audiencia de los investigados inmediatamente después de su detención”, subrayaron en una nota.
En el caso de Barbosa, los defensores también argumentaron: «La narrativa de un acusado de asesinato confeso (Ronnie Lessa) parece más importante que el testimonio de un jefe de policía con más de 20 años de excelentes servicios a la seguridad pública, que ni siquiera tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de ser denunciado, una verdadera demostración de una inversión de valores”.
Contra el activismo
Ronnie Lessa, autor material del asesinato la concejala brasileña, declaró en marzo ante la Policía Federal, como parte de su acuerdo de culpabilidad. Este reveló que los intereses inmobiliarios de las milicias armadas de Río de Janeiro chocaron con las denuncias de Marielle Franco, conocida por su activismo y su trabajo en las favelas.
El crimen de la concejala traspasó las fronteras de Brasil y causó conmoción internacional: fue acribillada a tiros en 2018 cuando circulaba en auto tras participar en un acto con mujeres. Franco estaba afiliada al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, era negra, lesbiana, nacida en una favela y toda su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a los grupos mafiosos que controlan esas barriadas populares en Río de Janeiro.
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