(22/05/24 - Grupo de Puebla/Ecuador)-.El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) solicitaron hoy al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (ONU) tratar urgentemente el caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas.
Medios de prensa ecuatorianos compartieron este lunes el mensaje presentado al organismo internacional ante el cual denuncian la grave situación de salud en que se encuentra el exvicemandatario, en huelga de hambre tras su detención durante el asalto a la embajada de México en Quito.
Hacemos este llamado en razón de la urgencia del caso y al encontrarse en riesgo inminente la vida del señor Jorge Glas, quien está sometido a una detención arbitraria en Ecuador, violando el asilo diplomático que le había otorgado México, menciona el comunicado del Grupo de Puebla y Clajud.
En el texto mencionan que detrás de la orden de detención de Glas está el presidente Daniel Noboa (foto), lo que constituiría un abuso de poder y una vulneración de las garantías constitucionales y del derecho internacional.
El Grupo de Puebla y Clajud piden que se emita un salvoconducto para que el exfuncionario sea liberado y enviado a México, país que le otorgó asilo por considerarlo un perseguido político.
También reclaman a la ONU que se solicite a Ecuador una visita de esa entidad a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde permanece Glas privado de su libertad a pesar de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decretó su detención como “ilegal y arbitraria”.
Glas, quien fue vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, estaba en la embajada mexicana desde diciembre de 2023, cuando solicitó asilo en rechazo a las acusaciones y cargos en su contra.
Considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, el exvicepresidente recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
Para la administración del presidente Daniel Noboa, México transgredió normas internacionales al dar asilo a una persona procesada por delitos comunes y con ese argumento justificó la invasión a la embajada el pasado 5 de abril.
Ese hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas, el repudio de la comunidad internacional y litigios ante la Corte Internacional de Justicia, que deberá pronunciarse sobre el caso el próximo jueves 23 de mayo.
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