El suceso fue calificado, justamente, como un hecho histórico por el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, quien reconoció además que solo una paz construida desde la sociedad puede ser sostenible y duradera. La llegada a este punto de las negociaciones no estuvo exenta de conflictos, algunos de ellos incluso aparentemente irreconciliables entre las partes.
Uno de los momentos de tensión más recientes tuvo que ver con la decisión de congelar las pláticas previstas a celebrarse el pasado mes de abril en Venezuela por parte del ELN, a modo de protesta ante una supuesta operación de desmovilización llevada a cabo por parte del Gobierno en Nariño (suroeste).
No obstante, una delegación de ese grupo insurgente acudió a una reunión extraordinaria celebrada del 12 al 22 de abril en Caracas, tras la cual anunciaron que volverían a reunirse con su contraparte en mayo.
Posteriormente, en la primera semana de este mes, el ELN informó que retomaría la práctica de las retenciones económicas en respuesta al incumplimiento del Gobierno frente a la creación y puesta en marcha del Fondo Multidonante para el Proceso de Paz, según alegó.
En ese entonces, la delegación gubernamental en la Mesa de Diálogos instó a esa guerrilla a mantener el compromiso adquirido ante la sociedad y la comunidad internacional de detener las retenciones, en tanto aclaró que el objetivo del mentado fondo no pretendía ser una contraprestación a la suspensión del secuestro.
Más recientemente, el ELN atribuyó a un plan organizado desde el gabinete del presidente, Gustavo Petro, y oficiado por su alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el surgimiento de lo que llamó una “supuesta disidencia” de esa estructura guerrillera en Nariño.
La delegación del Gobierno catalogó entonces como una ficción y un autoengaño que el ELN atribuyera a una estrategia del aparato ejecutivo la existencia de lo que denominó como una crisis interna de esa estructura, y que terminó en la separación del grupo liderado por Gabriel Yepes, quien se identifica como jefe del Frente Comuneros del Sur.
Sin embargo, y pese a los constantes roces, el pasado 25 de mayo se firmó, en la capital de Venezuela, el primer punto concebido en el acuerdo que reconoce el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz.
El comunicado emitido tras la rúbrica explicó que para iniciar este camino de búsqueda de voces, acciones, saberes y métodos, se conformó el Comité Nacional de Participación (CNP), un espacio que desde una lógica colectiva diseñó e impulsó la realización de 78 pre encuentros y encuentros de orden nacional y regional.
Detalló que en estos encuentros participaron ocho mil 565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como tres mil 217 asociaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa.
El resultado de este proceso es un Diseño de Participación, un Plan Nacional y unas recomendaciones, señaló la comunicación divulgada, y afirmó que el conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta.
El objetivo de involucrar a la ciudadanía en este proceso es construir una agenda de trasformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado.
“Sabemos que la paz no se construye con olvido e impunidad, y que la voz de las víctimas es fundamental en este proceso y la legitimidad de los acuerdos”, plantearon los delegados del gobierno colombiano y del ELN en su declaración.
Finalmente, pese a las duras recriminaciones de uno y otro lado durante los últimos meses, las partes lograron estar de acuerdo en un tema crucial.
Como reconocieron, “la paz en Colombia requiere de todas las voces, todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación”.
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