En un comunicado, la cartera de Justicia señaló: "El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".
La medida fue dispuesta por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a partir de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ. Se trata de la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. "El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", argumentó el Gobierno.
La Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa “Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
"En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional", indicó el Gobierno en el comunicado.
A partir de esta disposición, el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado.
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