Se trata de trabajadores que se desempeñaban en la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz. La UTE constructora ya no puede hacer frente a los costos operativos por falta de fondos.
Según informó Energy Report, los telegramas de despidos comenzaron a llegar en los últimos días a los empleados de la UTE constructura, ya que el Gobierno nacional no avanzó con la firma de la XII Adenda al contrato original, que permitiría la inyección de unos u$s520 millones al proyecto. «El próximo mes ya no habrá más fondos, nada de nada», alertaron fuentes vinculadas a la hidroeléctrica.
La ola de despidos ya fue notificada al sindicato de la construcción Uocra santacruceño, que se espera anuncie medidas de fuerza en breve. También generó preocupación en la gobernación del ex gremialista petrolera Claudio Vidal, que conoce de primera mano la situación de las represas, y ya lamentó las desvinculaciones, porque que casi 80% de los empleados son de su provincia.
Ámbito ya había alertado por la suspensión obligada de unos 2.800 empleados en febrero con sueldos al 80%, luego que el Gobierno nacional (el Ministerio de Economía) no solicitó los nuevos desembolsos a los banco chinos que llevan adelante la financiación. Pero tampoco se hicieron giros con recursos propios del Tesoro para sostener la actividad en el Sur, como se hizo durante la gestión anterior.
Al momento de los despidos, el nivel de avance de la represa Jorge Cepernic es del 45%, mientras que la Néstor Kirchner va por el 20%. Entre las dos centrales, sumarán una potencia instalada de 1.310 MW.
El crédito total chino es por u$s4.714 millones, con cinco años y medio de gracia a partir del inicio de la construcción a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por las nacionales Eling Energía e Hidrocuyo y la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC), y 15 años para el pago del capital y los intereses.
La obra lleva invertidos unos u$s1.850 millones y para esta nueva etapa se esperaban unos u$s520 millones comprometidos con anterioridad al recomabio de autoridades de diciembre pasado. Las fuentes ratifican el interés de las empresas constructoras por el megaproyecto, que aportará un casi 12% de hidroenergía extra en el país, y apelan a continuar y finalizar la obra. Pero sin fondos es imposible, admiten.
Para la continuidad de las obras en las represas patagónicas es clave la firma de la Adenda XII, que actualice los montos por inflación y reconozca gastos operativos extras durante la pandemia. Los nuevos directivos de Enarsa no egfimieron opinión en contra del proyecto y resaltaron la importancia de contar con generación limpia de energía, pero exigen tiempo para analizar los términos del nuevo acuerdo. «Nunca hubo un mensaje de que las represas no las queremos», afirman los que conocen en detalle la trabas burocráticas. Las dudas giran en torno a las implicancias legales de la firma. Hasta el momento, los desembolsos para sostener las actividades en las represas provenían de China, pero la falta de un nuevo marco legal que despeje incertidumbres a futuro cerró las compuertas de dólares.
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