El catastro minero está cerrado desde 2018 y, aunque debía abrirse en 2022, se ha pospuesto por la oposición de los movimientos indígenas.
El principal gancho para atraer a los inversionistas será abrir una parte del catastro minero en 2023, para procesar 170 pedidos represados desde 2018, dice el ministro de Energía, Fernando Santos.
El ministro se reunirá el 6 de marzo de 2023 con empresarios e inversionistas en la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés).
Se trata de uno de los más eventos más grandes de minería del mundo, donde se juntan las empresas para mirar oportunidades de inversión y de desarrollo de nuevos proyectos.
El ministro Santos reconoce que la meta de atraer más inversión minera a Ecuador será difícil.
Ya en 2022 las inversiones de las compañías mineras internacionales, que están explorando en Ecuador, fueron inferiores a lo esperado.
Lo anterior, por la oposición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y por una serie de ataques violentos a manos de presuntos grupos antimineros contra varias concesiones.
En este contexto, la Conaie emitió el 6 de marzo un comunicado rechazado «enérgicamente» la participación del Gobierno de Ecuador en la convención PDAC.
Según la Conaie, con esto, el Gobierno demuestra «la violación de los compromisos alcanzados» tras el paro nacional de junio de 2022, impulsado por la Conaie.
Además, el movimiento indígena insiste en que las concesiones mineras ya otorgadas son «ilegales e ilegítimas», según el comunicado que también es respaldado por el Frente Nacional Antiminero.
Así, en medio de las tensiones locales, el Gobierno dará trámite a 170 pedidos de concesiones, de los 628 que estaban paralizados.
El Ministerio todavía está realizando una depuración, pues hay empresas que siguen interesadas y otras que ya no.
La mayoría de los pedidos paralizados desde 2018 eran para actividades de minería artesanal, de pequeña y de mediana escala.
Pero también están esperando gigantes de la minería, como la australiana BHP, la británica Anglo American y la australiana Newcrest.
Y, a mediados de marzo, el Ejecutivo promete entregar un borrador de ley de consulta previa, libre e informada.
La Ley es un paso fundamental para que el Gobierno abra todo el catastro y reciba nuevos pedidos de concesiones.
Aunque el Ejecutivo no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, Santos es optimista y espera que a finales de 2023 la Ley ya esté aprobada.
Inquieta la minería ilegal
El Gobierno también deberá poner la cara ante los inversionistas en Canadá por el aumento de la minería ilegal.
Santos advierte que ya se han identificado actividades de minería ilegal en las áreas con pedidos de concesiones que estaban en espera desde 2018.
«Por eso es urgente procesar las solicitudes pendientes del catastro», añade.
El 26 de enero, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado.
Pero en la industria minera formal de Ecuador saben poco sobre los cambios que traería de esta declaratoria. El Gobierno no ha dado detalles sobre las implicaciones, dice el síndico de la Cámara de Minería, Andrés Ycaza.
Ya se está trabajando en cambios para «golpear el bolsillo de los financistas de la minería ilegal», dijo Santos.
Mientras tanto, las empresas mineras que han sufrido ataques violentos en campamentos e incursiones de minería ilegal todavía esperan que el Gobierno anuncie si declarará o no a sus proyectos como zonas reservadas de seguridad, como lo anunció en diciembre de 2022.
¿Y la moratoria?
La Conaie se opone a la minería formal y exige una moratoria o cese de toda actividad minera en Ecuador.
Según la Conaie, uno de los acuerdos alcanzados en el diálogo era que se realicen auditorías «para demostrar la ilegalidad de las concesiones ya otorgadas» y luego revertirlas.
Pero el Gobierno insiste en que durante los diálogos de 2022, tras el paro nacional, nunca se acordó un cese total para la minería legal.
El acuerdo fue abrir el catastro para nuevos pedidos de concesiones mineras una vez el país cuente con una ley de consulta previa, pero eso no incluye los trámites represados, explica el ministro.
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