El encuentro se llevó a cabo en el salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la participación de fiscales que intervienen en estos procesos y que asistieron junto a sus equipos de trabajo; funcionarios de agencias del Poder Ejecutivo Nacional con responsabilidades en la materia; y víctimas, representantes de organismos de derechos humanos y querellantes que actúan en las causas que tramitan en todo el país.
La reunión tuvo una concurrencia de más de cien personas y se desarrolló mediante una modalidad híbrida, tanto presencial como remota, lo que permitió contar con una notable participación federal.
En la apertura de la reunión, el procurador Casal destacó el trabajo de la procuraduría especializada e informó la conformación de una Unidad de Asistencia para intervenir en la etapa de ejecución penal de las causas con condenas por violaciones a los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, que estará a cargo de la fiscal Ramos. Esa unidad asistirá y actuará en forma conjunta o alternada con los/as fiscales que intervengan en aquellos casos, siempre que éstos lo requieran.
Ante la consulta formulada por uno de los abogados querellantes relacionada con la actuación del Ministerio Público Fiscal, Casal manifestó que los/as fiscales deben actuar de forma diligente y oportuna, de conformidad con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes.
Luego, la fiscal Ramos presentó los principales lineamientos de acción de la procuraduría y expuso las estadísticas que periódicamente actualiza esta dependencia, relacionadas con los distintos aspectos del proceso de juzgamiento.
Ramos resaltó además la importancia de la presencia de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo en la reunión y la necesidad de contar con los enlaces necesarios para articular las tareas que se desarrollan desde la procuraduría.
En este contexto, se pusieron de relieve los problemas derivados de la ejecución de la pena: los controles de las prisiones domiciliarias y la necesidad de contar con la colocación de dispositivos electrónicos que permitan garantizar su cumplimiento; y el énfasis en las pautas de ejecución, así como en la verificación del acatamiento de todas las disposiciones derivadas de las condenas, como, por ejemplo, la prohibición de tenencia de armas.
Por otro lado, la procuraduría anunció la elaboración de un protocolo con pautas tendientes a realizar una tarea sistemática de relevamiento de documentación que dé cuenta de eventuales hallazgos de personas sin vida no identificadas.
También se planteó la situación de los niños y las niñas que padecieron distintos delitos como consecuencia de los hechos sufridos por sus padres/cuidadores y la necesidad de que en los procesos se trabaje para que se los considere como víctimas autónomas.
Surgió, asimismo, la preocupación por las demoras verificadas en la etapa de instrucción en el fuero federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, se planteó la importancia de la realización de los debates orales en las localidades en que se cometieron los hechos y la responsabilidad de los tribunales orales federales para llevar a cabo las gestiones necesarias cuando se requiera realizar el juicio en lugares distintos a la sala de debate.
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