La denuncia fue radicada por el abogado Javier Garin y recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini. Además, reclamó que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Garin, militante de la defensa de los derechos humanos y ambientales, reclamó que se investigue, además, la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los denunciados -sostiene el escrito- “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos”.
“Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994”, sostiene la presentación.
La denuncia, registrada con el número CFP 1091/2024, recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini.
En ese sentido, Garin subrayó que “si bien en Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice”.
Así, cuestionó “la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ‘guerra’ como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo “excesos” y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad”.
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