De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Barúa era un militante de la Juventud Peronista y Montoneros. Tras su detención, fue torturado con la complicidad de Mazzoni, quién se desempeñaba en ese momento como secretario de un juzgado federal y que posteriormente fue fiscal federal. Tras la lectura del requerimiento, los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Gambacorta y Marcelo Cardozo escucharon durante la audiencia la declaración de uno de los seis testigos propuestos por las partes.
El próximo 11 de marzo comenzará la etapa de alegatos. Cabe recordar que Mazzoni cuenta con una condena a 11 años de prisión por los delitos de "tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes". En esa causa también estaban implicados por la comisión de crímenes de lesa humanidad el exjuez federal Ángel Córdoba y el exfiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del debate oral.
Barúa, por su parte, fue testigo sobreviviente del terrorismo de Estado en juicios por crímenes de lesa humanidad. Ejerció la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco en 2011 y falleció en 2020.
Los hechos
Según la investigación, durante la madrugada del 10 de septiembre de 1975, Hugo Ramón Barúa fue detenido durante un allanamiento a su domicilio llevado adelante por la policía de Chaco y Gendarmería. Dentro de las personas que participaron del operativo se encontraba el entonces secretario del juzgado federal Mazzoni.
Barúa fue llevado primero a su habitación donde fue interrogado principalmente por un policía que también lo golpeaba mientras que otro agente lo amenazaba arrimándole una pistola al abdomen. Toda la secuencia fue en presencia de Mazzoni, que también estuvo cuando la víctima fue llevada a los golpes desde su casa hasta los vehículos de las fuerzas de seguridad.
"Es conveniente recordar los avatares de la presente causa, puesto que ello es una muestra más de la enorme dificultad de llevar a juicio a los autores y cómplices de hechos aberrantes. A la dificultad inherente por la complejidad de los hechos de lesa humanidad, debe adicionarse una complejidad mayor cual es la de aquellos que sin pertenecer a los grupos de tareas de la dictadura, cumplían funciones en el seno de la administración de justicia, ya sea como funcionarios, fiscales o jueces", señaló el MPF.
En el requerimiento de elevación a juicio se señaló que Barúa sufrió una tuberculosis pulmonar en 1977 mientras se encontraba detenido y que por negligencia en la atención médica que le propiciaron entró en estado de coma, circunstancia que obligó a los policías a trasladarlo al Hospital Perrando de Resistencia. Allí permaneció internado durante 30 días, durante los cuales tuvo esposada una pierna, lo que le provocó una postrombosis y seis años después se le produjo una ulcera varicosa. Sin el alta médica fue llevado nuevamente a la Alcaidía de Resistencia.
Dentro del escrito realizado en 2021 por la Unidad de Derechos Humanos -integrada por los fiscales federal Carlos Amad y Patricio Sabadini junto a los fiscales "ad hoc" Diego Vigay y Horacio Francisco Rodríguez-, se señaló que a la víctima se le recibió declaración indagatoria en el destacamento de Gendarmería Nacional de la ciudad. En la oficina, estuvieron presentes el exfiscal federal Flores Leyes junto con otras dos personas. El exfuncionario judicial le pidió a Barúa que ratifique lo declarado en la Brigada de Investigaciones, bajo la amenaza de que si no lo hacía iba a volver a ese lugar "donde estaban los Federales".
Ante ello, ratificó lo declarado, a pesar de no haber tenido defensor durante la indagatoria ni tampoco haber podido reunirse previamente con algún abogado. Cabe indicar que desde el momento de la detención hasta que le tomaron indagatoria, el hombre no fue examinado por ningún médico.
"Del análisis de las constancias documentales, instrumentales y testimoniales surge la presencia de la víctima, en la sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco, como asimismo su condición de detenido, calificado como subversivo, alojados en un sector preestablecido al efecto y denominado 'Area 233', siendo luego trasladado a la Alcaidía y luego a la U-7, lugares donde se repetían las condiciones de detención de la Brigada, recibiendo los mismos malos tratos por parte del personal policial", se marcó en el requerimiento.
El MPF resaltó que en la causa se dictó en 2010 el sobreseimiento del acusado, que fue apelado en mayo de ese año y que llevó a que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocara aquella decisión y dictara la falta de mérito. Recién en junio de 2021, y tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, se dictó el procesamiento de Mazzoni. "Es conveniente recordar los avatares de la presente causa, puesto que ello es una muestra más de la enorme dificultad de llevar a juicio a los autores y cómplices de hechos aberrantes. A la dificultad inherente por la complejidad de los hechos de lesa humanidad, debe adicionarse una complejidad mayor cual es la de aquellos que sin pertenecer a los grupos de tareas de la dictadura, cumplían funciones en el seno de la administración de justicia, ya sea como funcionarios, fiscales o jueces", se señaló.
"Claramente el trámite de la presente causa ha llevado un tiempo más que prudencial, -puesto que hasta la víctima ha fallecido durante este período-, y ello conspira contra los principios de memoria, verdad y justicia", se indicó en el requerimiento.
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