El documento afirma que el juez, “en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria”.
La información fue confirmada por el abogado José Manuel Ubeira, que representa al acusado Oscar Thomas, quien en declaraciones a Radio 10 habló de “todas las barbaridades” que se van conociendo.
El letrado anticipó que “habrá muchas declaraciones” en ese sentido y que demostrarán “cómo se utilizó a la justicia como elemento extorsivo”. “Sucedió de todo, aprietes, privaciones ilegítimas de la libertad calificadas”, remarcó. “Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”.
Los abogados de Rovella señalaron en la presentación ante el Tribunal: “Nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens”. “Tal ‘confesión’ fue obtenida bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían y validaban las anotaciones perdían su libertad ambulatoria”.
“Rovella concurrió ante el escribano Diego Ignacio de Achával, a quien le requirió que conservara en su poder un documento que daba cuenta de cuál era su verdadera voluntad y el motivo –el temor cierto de que iría preso- por el que se veía compelido a ‘confesar’ hechos que lo incriminaban (y que no eran ciertos)”, expresó la defensa.
En diciembre pasado, juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jorge Bacigalupo, el amigo del exremisero Oscar Centeno. Lo acusó de realizar enmiendas en algunos de los “cuadernos de las coimas”, que registran el pago de sobornos que hacían empresarios a funcionarios del kirchnerismo, en párrafos referidos a Armando Loson y Gerardo Ferreyra.
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