(26/02/24 - Chubut/Ajuste)-.El Juzgado Federal de Rawson N°1 falló dando la razón al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (foto), en su disputa con el Gobierno nacional sobre la eliminación de los subsidios al transporte en las provincias. Esta decisión judicial representa un importante revés para la administración central, liderada por Javier Milei, y responde a la presentación realizada por el mandatario provincial después del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.
Este fallo representa un importante respaldo a las demandas de las provincias en su lucha por preservar los subsidios al transporte y garantizar la viabilidad de los servicios públicos de pasajeros en todo el territorio argentino que el gobierno de Javier Milei quiere quitar.
El fallo del juez Hugo Ricardo Sastre constituye un importante precedente al instar al Gobierno nacional a abstenerse de recortar o quitar el Fondo Compensador del Interior, una medida que generó gran preocupación y que podría haber llevado el costo de los boletos de colectivo por encima de los 1000 pesos. La resolución judicial, bajo la modalidad de "medida autosatisfactiva", establece claramente que el Estado Nacional debe detener cualquier acción dirigida a eliminar o reducir este fondo, especialmente en lo que respecta al transporte urbano y suburbano de pasajeros en la provincia de Chubut.
El argumento principal esgrimido por el gobernador Torres y respaldado por la Justicia federal radica en que la eliminación abrupta de estos subsidios vulnera los principios de buena fe y lealtad federal que sustentan el federalismo argentino. Se sostiene además que esta medida contradice el Pacto Fiscal del año 2021 y pone en riesgo la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros, el cual depende en gran medida de los aportes del Fondo Compensador.
El tribunal también ha reconocido que el sistema de transporte no es viable sin la asistencia del Estado Nacional, dado que su funcionamiento ha estado históricamente supeditado a las partidas presupuestarias remitidas desde el Gobierno central. Se destaca además que la decisión gubernamental no se ajusta a la realidad del sector empresarial del transporte, el cual enfrenta desafíos económicos tales como altos costos, inflación y brecha cambiaria, factores sobre los cuales las empresas no tienen capacidad de intervención.
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