Aitor Martínez Jiménez confirmó que apelaron la orden de extradición aprobada en el Reino Unido para que sea juzgado en EEUU, que lo acusa de 18 delitos. Si es extraditado y hallado culpable, Assange podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión.
El martes y miércoles próximos se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Superior en Londres en la que se podría definir el futuro del periodista australiano, de 52 años, con la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense.
Esta audiencia se realizará un momento en que la salud de Assange continúa empeorando en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Londres, donde está detenido desde abril de 2019, tras ser arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde pasó siete años refugiado.
El año pasado, la defensa de Assange apeló la orden de extradición aprobada en el Reino Unido para que sea juzgado en EEUU, que lo acusa de 18 delitos, la mayoría relacionados con espionaje y la publicación por parte de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y secretos diplomáticos en 2010, que pusieron a la diplomacia estadounidense en problemas.
Si es extraditado y hallado culpable, Assange podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión, lo que sus defensores y organismos internacionales denunciaron como una medida desproporcionada y una grave amenaza a la libertad de prensa y expresión.
El abogado español Martínez Jiménez, quien llevó adelante relevantes causas internacionales, como la masacre de Curuguaty, causal del golpe de Estado en Paraguay contra Fernando Lugo, o la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio de colectivos de víctimas ante los tribunales argentinos, dijo en una entrevista con Télam que con una medida cautelar ante el TEDH se podría pausar la extradición, manteniendo abierta la batalla legal a nivel internacional, y consideró que las acciones legales contra Assange buscan sentar un precedente para la prensa.
En el caso de que la impugnación legal para bloquear la extradición no tenga éxito, ¿cuáles son los siguientes pasos para el equipo legal de Assange?
En estas audiencias se van a abrir dos caminos procesales posibles. Si la Corte acepta algún argumento de apelación de Assange, el proceso de extradición sigue en el Reino Unido, celebrándose una vista sobre el fondo y permitiendo más apelaciones. Pero si rechaza todos los argumentos, el proceso en el Reino Unido terminaría. Entonces, se llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscando una orden cautelar para pausar la extradición mientras se decide el fondo del caso. La demanda iría acompañada de una solicitud de medida cautelar al tribunal de Estrasburgo para ordenar que no se proceda a la entrega hasta que se dilucide el caso en la instancia judicial europea.
¿Cómo podría influir la reciente resolución bipartidista del Congreso de EEUU y el apoyo internacional en el caso de Assange, especialmente en lo que respecta a la petición de retirar los cargos y poner fin a las solicitudes de extradición? ¿Este apoyo se utilizará como parte de la argumentación legal o moral en la audiencia?
Las solicitudes para que se retiren los cargos contra Assange y se pare la extradición son prácticamente universales. No sólo autoridades en EEUU lo solicitan, sino también los principales organismos de derechos humanos del mundo y las organizaciones de periodistas más relevantes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué continúa adelante la extradición? La explicación la tenemos en las publicaciones realizadas por diversos medios de EEUU sobre la base de declaraciones de agentes de inteligencia norteamericanos, incluyendo al exjefe de contrainteligencia de ese país, que reconocieron que el establishment, principalmente la CIA, presiona a todos los estamentos políticos y judiciales para que se continúe con la causa judicial contra Assange. Recordemos que estas autoridades de la inteligencia estadounidense llegaron a reconocer que en la sede de la CIA se proyectó el secuestro, incluso el asesinato de Assange, cuando se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. Y son esos mismos estamentos de la inteligencia los que presionan de manera muy virulenta para que los cargos no se retiren.
Dado que ningún editor había sido acusado bajo la Ley de Espionaje hasta Assange, y considerando el argumento de que su procesamiento podría sentar un precedente peligroso para el periodismo, ¿cómo abordará el equipo legal el balance entre la seguridad nacional y la libertad de prensa en este caso? ¿Cómo planean contrarrestar la afirmación de que la publicación de WikiLeaks puso en riesgo vidas?
WikiLeaks surgió en un momento en que los medios de comunicación tradicionales comenzaban a perder fuerza. Para introducir aire fresco en la prensa internacional, WikiLeaks desarrolló una innovación tecnológica, un cortafuegos que garantizaba el anonimato del denunciante (whistleblower), protegiendo así la identidad de la fuente de información. Bajo este innovador sistema de protección de fuentes, WikiLeaks recibió y publicó información trascendental que tuvo un enorme impacto internacional. Ningún país del mundo desplegó acciones penales contra esta agencia de noticias, al tratarse, evidentemente, de actividad periodística legítima. Sólo una jurisdicción del mundo, EEUU, desató una causa penal sin precedentes.
De los 18 cargos contra Assange, 17 se enmarcan bajo la Ley de Espionaje de 1917, usada originalmente contra espías. Esta ley nunca se había aplicado a periodistas por publicar información veraz, especialmente sobre crímenes de guerra, que deben ser perseguidos internacionalmente. EEUU pretende así erigir ante el mundo el velo de la seguridad nacional para ocultar sus crímenes de guerra y garantizar así la impunidad de los mismos, como mostró WikiLeaks en el video "Collateral Murder", donde (se ve que) militares mataron indiscriminadamente a civiles. No hay evidencia de que las publicaciones de Wikileaks hayan puesto en peligro vidas.
Wikileaks realizó sus principales publicaciones en acuerdo con los principales medios del mundo, como The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel o El País, garantizando un proceso de edición riguroso y seguro. La acción legal dirigida exclusivamente contra Assange busca establecer un precedente para evitar la publicación de información sensible en el futuro.
¿Existen precedentes nacionales o internacionales recientes que puedan fortalecer la posición de Assange?
De hecho, no hay precedentes de aplicar cargos de espionaje contra un periodista por publicar información veraz, de interés público, que expone crímenes internacionales. El derecho a la libertad de prensa está protegido en tratados de derechos humanos y constituciones democráticas, incluida la de EEUU, que históricamente protege la labor de los periodistas. Casos emblemáticos como Watergate y los Papeles del Pentágono ilustran la tradición de protección de la prensa, pero ahora enfrentamos una grave amenaza a este derecho fundamental.
Considerando el deterioro de la salud física y mental de Assange ¿cómo planea la defensa incorporar argumentos relacionados con los derechos humanos y las condiciones de detención en su estrategia para esta audiencia?
Lo relativo al delicado estado de su salud ya fue objeto de pronunciamiento en la primera instancia, ante la jueza Vanessa Baraitser, en el District Judge, donde inicialmente se rechazó la entrega basada en estos argumentos. Sin embargo, EEUU presentó garantías diplomáticas vagas durante la apelación, lo que llevó a la revocación de la decisión y a la aprobación de la extradición. Posteriormente, la Corte Suprema no admitió la apelación de la defensa sobre el estado de salud. Lo relativo a este elemento está ya ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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