La causa por la que el Ministerio Público soslicitó la pena es la que se le sigue al ex mandatario, depuesto mediante un golpe legislativo-judicial, por su fallido intento de disolver el Congreso y "perpetrar un golpe de estado" en diciembre de 2022.
"Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública", informó la fiscalía a través de la red social X.
El juez Juan Carlos Checkley deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación, según consigna la agencia de noticias AFP, sobre el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.
De la misma forma, la Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, informó la agencia de noticias Europa Press.
La fiscalía reclamó también 15 años de cárcel para el ex primer ministro y ex ministro de Justicia Aníbal Torres, por el delito de rebelión.
Los hechos por los que se acusa a Castillo
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un "gobierno de excepción".
Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia, según consigna la agencia de noticias Sputnik.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.
Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, que es conocida como cárcel de los expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.
Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ya que la Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.
El Gobierno de Castillo fue de una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses.
Incapaz de dar rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuya presidencia cumplió en diciembre pasado un año en medio de una marcada tensión social, una relación tirante con el fragmentado Parlamento y una fuerte recesión económica.
Publicar un comentario