"A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTAA, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar multas de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre", afirmó.
Con relación a la intimación del Ministerio de Seguridad al pago de una multa por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre, el gremio señaló que esas penas "son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional".
Un documento gremial sostuvo que "esas penas o supuestos 'pagos solidarios' son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional, además de pretender atribuir a los trabajadores un delito no cometido, porque solo ejercen su derecho constitucional a la protesta", puntualizó.
La central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus
La CTAA, que colideran el estatal Hugo Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro (visitadores médicos) y Mariana Mandakovic (universitarios), realizó presentaciones judiciales en rechazo de esas intimaciones, y presentó denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de "la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal".
"El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores", puntualizó el documento del sector.
La central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus, a través de los cuales "el presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho", concluyó.
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