El ex mandatario además renovó sus críticas al Ejecutivo luego de que ayer acusara al actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido y con quien está enemistado, de "conspirar" con "la derecha" para “proscribir” su candidatura.
El tribunal dictaminó que un presidente, vicepresidente y otros cargos electivos no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua, en un fallo sin posibilidad de apelación que estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano".
"Nunca hubo prohibición a la reelección discontinua", apuntó Morales y señaló que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usa como base el fallo en Bolivia "se refiere a la reelección de presidentes que están en el poder".
"Por eso el hermano Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil de manera discontinua", manifestó, en referencia a que el líder de los Partidos de los Trabajadores (PT) cumplió dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010 y asumió el tercero a principios de este año, tras ganar las elecciones.
"Existe jurisprudencia", aseguró el líder indígena, que ya ejerció la presidencia durante tres periodos seguidos entre 2006 y 2019.
La sentencia del TCP impide a Morales presentarse al frente de la boleta para presidente en los próximos comicios de 2025, una candidatura que impulsa un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Denunciamos que dos magistrados autoprorrogados prevaricaron el 29 de diciembre para introducir de contrabando en la parte considerativa de la sentencia temas de la reelección que no corresponden a la resolución", apuntó en su cuenta de la red social X.
"Este nuevo ataque fallido primero a la detención, ahora a la inhabilitación, es contra el MAS-IPSP, pero nos fortalece. Diría que esos magistrados son nuestros mejores jefes de campaña", explicó.
En paralelo, el exmandatario renovó sus críticas al Ejecutivo luego de que ayer acusara al actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido y con quien está enemistado, de "conspirar" con "la derecha" para “proscribir” su candidatura.
Morales afirmó que Bolivia “está siendo gobernada por una mafia”, porque a través de operativos policiales extorsionan a los “narco-detenidos” en el Trópico del Cochabamba, mientras se permite desde los ministerios de Gobierno, Defensa, Economía y de Obras Públicas, que salgan toneladas de droga hacia el exterior.
“Estamos siendo gobernados por una mafia (...) Esos operativos se utilizaron para beneficios personales y de grupo porque -según sus policías informantes- la plata que sacan no llega a la tropa. Pagaron dos palos y un palo significa 100.000 dólares y en ese operativo sacaron 200.000 dólares a dos narco-detenidos”, afirmó en su programa televisivo Evo es pueblo líder de los humildes.
También comparó a Arce con el ex presidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien luego de haber sido promovido candidato por el partido del exmandatario Rafael Correa, se distanció de él una vez en el gobierno.
“En 2021 hacían una comparación en los periódicos de Lucho (Arce) con (el expresidente de) Ecuador (Lenin Moreno). Yo comenté lo que estaba pasando en el país y Rafael Correa me dijo, Lucho es como Lenin Moreno, ahora están convencidos que tenemos un Lenin Moreno en Bolivia”, añadió, según recogió la Agencia de Noticias Fides (ANF).
La semana pasada, Morales denunció que se había organizado un operativo para detenerlo, con más de 50 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), pero desde la Policía desmintieron esas declaraciones.
El dictamen comunicado esta semana por el tribunal boliviano anula otro emitido por el mismo Constitucional en 2017, cuando los anteriores magistrados autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato, con el argumento de que se trataba de un "derecho humano"
Ese fallo generó controversia, ya que la Constitución establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos y, en 2016, los bolivianos rechazaron en un referendo modificar la Carta Magna para habilitar una nueva postulación.
Morales finalmente se presentó en 2019 para un cuarto mandato, pero ese mismo año renunció en medio de convulsiones sociales con acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A su salida del país, asumió Jeanine Áñez, quien actualmente enfrenta juicios y condenas vinculados a acusaciones de golpe de Estado.
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