El Pleno del Congreso aprobó este martes por la noche considerar la proposición de Ley de Amnistía impulsada por el partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras sus acuerdos de investidura con los independentistas catalanes ERC y Junts.
La iniciativa, que busca exonerar retroactivamente a un grupo de independentistas catalanes, dirigentes y militantes, de la responsabilidad penal por los delitos que hayan cometido en el pasado, superó este primer examen con apoyo del PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que el Partido Popular (PP), Vox, Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra.
Se contabilizaron 178 votos a favor de continuar la tramitación de la ley, emitidos por diputados del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (Junts), Bildu, PNV, Podemos y BNG, frente a los 172 que suman las fuerzas de oposición.
A petición del PP, la votación fue pública y por llamados, por lo que todos los diputados fueron levantándose al ser mencionados desde la Mesa y anunciaron su sufragio a viva voz.
Los "populares" pretendían "retratar" a los parlamentarios del PSOE apoyando una amnistía que negaban antes de las elecciones de julio, pero en todo caso no hubo sorpresas.
"Lo que pretendemos (es) salir de un enfrentamiento infinito y sin solución, para devolver a la política lo que solo la política ya puede resolver", justificó el vocero socialista en el Congreso, Patxi López, al inicio del debate.
Todos los diputados del PSOE están "convencidos" de que la amnistía es buena "para la democracia", declaró, e instó a los miembros del PP a explicar "por qué la amnistía es inconstitucional, por qué rompe España y acaba con la igualdad".
A su vez, responsabilizó al Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) de haber propiciado con su política la ruptura y la crispación que se produjeron en 2017, el año de la fallida secesión catalana.
"Esa fue la herencia que nos dejaron", aseguró López, y subrayó: "Ustedes quieren sembrar miedo y alimentar el conflicto y nosotros, sembrar esperanza".
Por su parte, el líder del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, muy crítico con el proyecto, replicó que era la sesión "más triste en este Congreso desde el 23 de febrero de 1981", recordando la tentativa de golpe de Estado militar de hace 42 años, en la que un grupo de guardias civiles irrumpió en el Parlamento.
"Es una humillación para España", agregó, tras remarcar que ley "es un fraude".
Feijóo afirmó que la ley era "el primer pago de una investidura" que Sánchez "compró" para seguir en La Moncloa y se hace a costa de "un retroceso democrático", según informó la agencia de noticias AFP.
Sánchez, que no acudió a la asamblea, argumenta esta medida por la necesidad de pasar página en Cataluña tras una de las peores crisis políticas de la España contemporánea, que sigue marcando la vida política del país.
El presidente del Gobierno español, que en el pasado se opuso a la amnistía, admitió el lunes que se trataba de una de esas "decisiones muy complicadas, complejas también de explicar" y defendió que era "necesaria" para aprender lecciones de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017.
Una vez que el Congreso de vía libre a la ley para continuar su camino parlamentario, la Mesa del Congreso abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas, que podrán ser de totalidad con texto alternativo o ya parciales para modificar puntos concretos del articulado. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortará todos los plazos a la mitad.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios.
Los partidarios de la amnistía tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión), pero en principio esa opción, que debería ser aprobada por el Pleno, no parece estar en consideración.
Si finalmente no se solicita esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero -inhábil a efectos parlamentarios- para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión, consignó la agencia de noticias Europa Press.
Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución, según anunció este martes esa fuerza conservadora.
De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en el segundo trimestre de 2024.
El PP también ratificó que presentará un recurso contra la futura ley ante el Tribunal Constitucional.
El líder del partido Vox, Santiago Abascal, causó polémica al acusar a Sánchez de llevar a cabo un "golpe de Estado" y afirmar que llegaría un momento en que "el pueblo querrá colgarlo de los pies", en una entrevista con Clarín durante su visita a Buenos Aires, dichos que el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, tildó de "discurso de odio" y un lenguaje que "no se oía en España desde hace muchas décadas".
Las declaraciones, en alusión al acuerdo con los partidos independentistas catalanes, generaron el repudio de los partidos políticos españoles, incluido el PP, socio de Vox, y llevaron a que el PSOE anunciara hoy que denunciará a Abascal por delitos de odio ante la Fiscalía General.
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