La fiscalía ratificó la acusación contra el ex presidente peruano, Montesinos, Hermosa Ríos y demás procesados por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía.
Fujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado desde la casa en Lima de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel, el 6 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera un indulto de 2017 "por razones humanitarias".
El tribunal abrió el juicio por la llamada Masacre de Pativilca, una localidad agrícola y costera unos 200 kilómetros al norte de Lima donde seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992.
La matanza ocurrió en el marco de la "guerra al terrorismo" que emprendieron las Fuerzas Armadas de Perú contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Los otros procesados son el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos y el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. Ambos comparecieron igualmente por videoconferencia.
También participaron de forma virtual los integrantes del grupo de Inteligencia y escuadrón de la muerte "Colina", entre ellos, Carlos Pichilingüe Guevara y Santiago Martin Rivas, así como la defensora de las víctimas Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
La fiscal adjunta superior, Elsa Delgado Pérez, ratificó la acusación contra Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y demás procesados por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, y pidió 25 años de cárcel para ellos.
Para la Fiscalía, Fujimori, en su condición de presidente, "elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas", planes que eran "elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo Colina".
Delgado Pérez anunció que solicitará la aplicación de principios y directrices sobre violaciones de derechos humanos con la finalidad de pedir una reparación plena a las víctimas, como resarcimientos económicos.
La audiencia continuará el próximo jueves 4 de enero del 2024, dispuso el tribunal, informó la agencia de noticias Europa Press.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la matanza de 15 personas en 1991 en Lima y y por el secuestro, asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992.
Sin embargo, por motivos de salud, salió en libertad la noche de Navidad de 2017 gracias a un indulto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cuyo débil gobierno necesitaba el apoyo de una parte de la bancada parlamentaria fujimorista.
El indulto fue anulado en 2018 por la Corte Suprema que lo consideró “incompatible con las obligaciones internacionales” y Fujimori retornó a prisión en 2019 hasta el 6 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Constitucional volvió a validar su indulto y a ordenar su liberación.
Sin embargo, el indulto no se aplica al caso de la masacre de Pativilca, por una resolución del Poder Judicial de febrero de 2018.
Fujimori tiene otras tres sentencias por corrupción y debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.
Tras una década de gobierno, Fujimori se fugó en 2000 a Japón, desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su administración repartiendo fajos de billetes a congresistas opositores.
En 2005, viajó a Chile, donde fue detenido. De allí fue extraditado a Perú en 2007.
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